La constructora estadounidense Vulcan Materials ha declarado este lunes que no acepta lo que considera una “expropiación ilegal” de sus inversiones en México, tras la clausura de su mina de piedra caliza por las autoridades mexicanas. La empresa ha mostrado su disposición a buscar una solución negociada con el Gobierno mexicano.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no ha expropiado la mina de Vulcan, pero acusó a la empresa de cometer un “ecocidio” en la zona y aseguró que los terrenos permanecerán cerrados hasta el final de su mandato en octubre. En un comunicado enviado a Reuters, Vulcan Materials enfatizó: “No aceptaremos esta expropiación ilegal de nuestras inversiones” y reiteró su apertura a una “solución negociada de buena fe, fructífera y amistosa”.

Este conflicto se suma a una serie de desencuentros entre Vulcan Materials y el Gobierno de López Obrador, especialmente tras la negativa de la empresa a vender sus activos en Playa del Carmen, Quintana Roo, a un precio inferior al que considera justo. El gobierno mexicano presentó un avalúo informal que, según Vulcan, “subvalora sustancialmente” sus activos, incluyendo las reservas de piedra caliza y el puerto de calado profundo, el único en la región.

El conflicto entre la empresa y el mandatario comenzó desde los primeros meses del actual gobierno y ha persistido hasta ahora, a solo cinco meses del final del sexenio de López Obrador. Inicialmente, el presidente planteó la suspensión de las operaciones de Calica, la filial de Vulcan en México, para analizar la situación medioambiental de la región. Posteriormente, reveló la intención de adquirir los terrenos de la empresa para crear un área natural protegida y parques de turismo ecológico.

Vulcan Materials ha expresado su determinación de no renunciar a sus inversiones ni trabajos, especialmente por un valor que considera nominal y alejado de la realidad, impuesto unilateralmente por el gobierno mexicano. “No renunciaremos a nuestras inversiones ni trabajo, menos aún por un valor nominal alejado de la realidad e impuesto unilateralmente por el gobierno de México”, declaró la empresa en un comunicado publicado en diversos medios nacionales.

La situación pone de manifiesto las tensiones entre el sector empresarial y el gobierno mexicano en temas de inversión y protección medioambiental, con implicaciones significativas para el futuro de las operaciones de Vulcan Materials en México y para la política ambiental del país.