Los casos de abusos sexuales de curas a menores en Argentina aumentaron hasta involucrar al elitista colegio en donde el ex presidente Mauricio Macri estudió cuando era niño.

En las últimas semanas, se confirmó que en el Colegio Cardenal Newman, que es privado y en que sólo se admiten varones de familias ricas, ya hay por lo menos 22 denuncias.

El año pasado, el ex estudiante Rufino Varela contó al diario La Nación que en los años 70 fue abusado por el sacerdote irlandés Finnlugh Mac Conastair, capellán del colegio y a quien los estudiantes llamaban padre Alfredo.

Desde entonces los testimonios se acumularon con versiones parecidas en las que los exestudiantes contaron que el cura, quien murió en 1997, los desnudaba, azotaba y masturbaba cuando iban a confesarse.

Esta escuela fue creada por los Christian Brothers, una orden religiosa irlandesa que ya no está a cargo del manejo en Argentina y que ya arrastra denuncias por abusos sexuales en otros países.

El caso ha tenido tal impacto que incluso la policía irlandesa está realizando una investigación, en tanto que en Argentina hay un debate entre quienes apoyan a las víctimas y quienes creen que las denuncias afectan al Colegio y a Macri.

A fines del año pasado, también en Argentina, estalló otro caso de abusos masivos en contra de por lo menos 33 niños sordos y pobres en la ciudad de Mendoza, ubicada a mil kilómetros de Buenos Aires.

Ahí fueron detenidos los curas Nicola Corradi, de 82 años, y Horacio Hugo Corbacho, de 56, quienes estaban a cargo del Instituto Antonio Próvolo, una escuela católica para niños sordos y de escasos recursos económicos.

Ambos están acusados de “abuso sexual agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores, en concurso real con corrupción de menores”.

También está imputada Kosaka Kumiko, una monja que seleccionaba y entregaba a los niños para que padecieran los abusos y quien el 3 de mayo fue detenida después de permanecer prófuga durante cinco meses.

La Iglesia Católica se ha negado a colaborar con la justicia para que los acusados sean condenados, ya que Dante Simón, el vicario judicial que viajó a Mendoza por pedido del Papa Francisco, no quiso compartir con los investigadores la información que obtuvo.

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