A ocho meses de que la reforma en materia de justicia laboral se ponga en marcha en el país, la Ciudad de México tiene un reto mayúsculo ante la carga de trabajo que tiene actualmente la Junta Local de Conciliación y Arbitraje capitalina.

Así lo afirmó el titular de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, Manuel Granados Covarrubias, en el marco del Foro Nacional “Justicia Laboral. Hacia una Transición Incluyente”, organizada por la Secretaría del Trabajo capitalina y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la ciudad.

El funcionario capitalino mencionó que la reforma, la cual apunta hacia un nuevo esquema de impartición de justicia laboral -uno más incluyente y eficaz- precisa además una inversión de mil 200 millones de pesos para infraestructura necesaria, es decir, el Tribunal Laboral Local y el Centro de Conciliación.

“Esto requerirá de un ejercicio responsable de presupuestación y programación de recursos, para que el Poder Judicial cuente con las herramientas necesarias para recibir y continuar con el desahogo de juicios nuevos y en retraso”, expuso Granados Covarrubias.

Dijo que se fortalecerá el mecanismo que permita escuchar las voces de todos los actores involucrados en esta tarea, así como establecer la metodología y estrategias adecuadas para que la transferencia y la solución de competencias y expedientes se concrete de la mejor manera posible.

El consejero jurídico de la Ciudad de México recordó que el nuevo modelo de justicia laboral derivado de la reforma de los artículos 107 y 123 de la Constitución propone la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Así como la creación de tribunales laborales y centros de conciliación, el traslado de los procedimientos, expedientes y documentación a los órganos de nueva creación, la obligatoriedad de la instancia conciliatoria.

Además de las características que deben tener la primera audiencia y las subsecuentes, los procedimientos y requisitos para asegurar la libertad de negociación colectiva, y los intereses de trabajadores y patrones.

Manuel Granados consideró que en el proceso que hoy se vive es crucial que no se pase por alto la situación de los cientos de trabajadores de las Juntas locales, ya que se debe encontrar la manera de incorporarlos gradualmente a los nuevos órganos para garantizar su seguridad social.

A su vez, la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Darlene Rojas Olvera, advirtió: “sabemos bien, de primera mano y de forma cotidiana, de las carencias de la justicia laboral. Los justiciables, los ciudadanos a quienes debemos servir, nos tienen temor y desconfianza.

“Prefieren ser víctimas de una injusticia, que clamar justicia y ser doblemente victimados por un sistema que es incapaz de atender sus necesidades más apremiantes”.

Dijo que un obstáculo para hacer efectiva la justicia social es la carencia de presupuesto, y en ese sentido comentó que no es posible atender las demandas de una población que se ha multiplicado, con la misma infraestructura de décadas lejanas, pues la realidad ya ha rebasado toda expectativa que se haya generado cuando se inició el modelo de justicia laboral.

“No es factible impartir justicia imparcial, profesional, digna, si no contamos con la infraestructura adecuada para atender las necesidades inmediatas”, coincidió la funcionaria capitalina.

En su momento, la titular de la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México, Amalia García, afirmó que a unos meses de que entre en vigor la citada reforma, hay que tomar en cuenta muchas cosas, entre ellas presupuestos, nombramientos y capacitaciones.

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