El Instituto Nacional Electoral emprenderá tres vías para hacer frente al mayor recorte presupuestal que ha recibido en su historia, el cual asciende a 950 millones de pesos. La primera es presentar en las próximas horas una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la violación a la autonomía económica. La segunda es tomar el dinero del pago del Impuesto Sobre la Renta de julio a diciembre de este año para que los recursos se utilicen en la organización de las elecciones de Baja California, Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, y la tercera es solicitar de manera formal una ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda por 619.2 millones de pesos.
Al salir de la reunión de consejeros, Ciro Murayama, aseguró que el INE no está en rebeldía fiscal, sino que están ganando tiempo para hacer frente a sus obligaciones constitucionales y evitar problemas políticos.
“Es una controversia con base en el artículo 105 constitucional, para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pueda reponerse el presupuesto del Instituto Nacional Electoral que compromete sus funciones constitucionales y su autonomía… Es importante aclarar que el INE no está en rebeldía fiscal, ni estará, es decir nuestra ruta no es entrar en un terreno de ilegalidad, lo seguirá haciendo, que es lo que de manera preventiva nos vemos forzados a hacer a impactar una reducción de 619.2 millones de pesos en el capítulo mil, donde está el ISR”.
Por su parte, el consejero Marco Baños aseveró que no es una estrategia para presionar al gobierno federal, porque la decisión de posponer el pago del ISR ya se platicó con las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Gobernación, y tampoco están declarando la quiebra del INE.
Con información de MVS NOTICIAS