Sorprende que el Estado mexicano insista en fortalecer una lógica militar que privilegia la muerte de quienes considera enemigos, en lugar de reconocer sus garantías individuales, comenzando por el derecho a la vida, planteó la representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Preocupado ante el riesgo que la militarización de la seguridad pública se eleve a rango constitucional, el titular de esa oficina en el país, Jan Jarab, ha comparecido en tres ocasiones ante el Congreso de la Unión (dos en la Cámara de Diputados y la más reciente el lunes pasado en el Senado), donde ha insistido en el error y los riesgos de crear una Guardia Nacional con carácter militar.

También entregó a los legisladores un documento técnico en el que delinea varios argumentos basados en el derecho internacional sobre las garantías individuales, y las violaciones en las que México incurriría a escala global en caso de aprobar la creación de la Guardia Nacional en los actuales términos de la minuta que se discute en el Senado y los eventuales peligros para los derechos humanos.

Este lunes se prevé que se elabore el dictamen de la minuta de la Guardia Nacional en el Senado, el cual se discutirá en el pleno el jueves de esta semana.

En el documento técnico presentado por Jarab, se hace énfasis en que la Guardia Nacional estaría integrada mayoritariamente por elementos de las fuerzas armadas y mantendría un mando militar, lo que deriva en la militarización de la seguridad pública.

Con información de LA JORNADA