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El negocio de los parquímetros, y los más de 220 millones de pesos que generan de ingresos cada año, vuelven a estar en los reflectores ante la posibilidad de que la actual presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX, Yasmín Esquivel Mossa, llegue a ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia; lo anterior porque la Magistrada es señalada por organismos de la sociedad civil como responsable de desechar sistemáticamente las demandas ciudadanas contra la medida de administración de espacios en la vía pública, manejada ésta por las empresas Copemsa Metropolitana, Mojo Real Estate, Operadora de Estacionamientos Bicentenario y Nueva Generación de Estacionamientos.

En una carta firmada por más de 20 organizaciones, entre las que destacan el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y el Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad, se hace un llamado al Senado de la República a rechazar la nominación de Esquivel Mossa como Ministra de la Corte; pues la señora, se asegura en la misiva, “se ha caracterizado por resoluciones jurisdiccionales y manejos presupuestales muy cuestionables legalmente y en contra de los ciudadanos”.

En el texto se recuerda que, la también esposa del contratista consentido de AMLO, José María Riobóo, ignoró igualmente la inconformidad ciudadana en el caso de la construcción de la Supervía Poniente, “cuya resolución fue retrasada por aproximadamente 20 meses para que la obra (en la que participó su marido como constructor) pudiera ser terminada”.

Se espera que esta misma semana, ya superado el tema de la Guardia Nacional en la Cámara Alta, se acelere el proceso para la selección de la nueva Ministra, una competencia en la que también participan la catedrática de la Escuela Libre de Derecho, Loretta Ortiz, y la Magistrada del Tribunal de Querétaro, Celia Maya, ambas, para no variar, muy cercanas al primer círculo de Andrés Manuel López Obrador.

Cofece la Víctima

Dice Alejandra Palacios, presidenta de la Cofece que la demanda interpuesta por Banco Azteca en su contra ante el Órgano Interno de Control, a partir de un artículo de opinión escrito por ella donde simpatiza con BBVA Bancomer,
no la conoce, aunque fue notificada, en pocas palabras le hace “Lo que el
viento a Juárez” por claramente no tiene tiempo para atenderla. Argumenta que el Órgano Interno de Control de la comisión no le reporta a ella, aún cuando ella lo designó. El mismo que investigará si hay elementos o no, si hay elementos, la la emplazarán y le dirán si incumplió con la ley, claro conflicto de interés. Bien dicen por ahí que ahora se quiere hacer la víctima y se escuda en la autonomía de órganos constitucionales. Pero que recuerde que ella no es Guillermo García Alcocer, por lo que debería aprender de este funcionario, quien con méritos propios da la cara y defiende a capa y espada su trabajo en la Comisión Reguladora de Energía.

Voz en Off

La Secretaría de Turismo despachará en Chetumal, Quintana Roo, en los próximos 40 días, confiado dice Miguel Torruco Marqués, durante la presentación de la Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024.
Pero esa no es la nota. La nota es que viene un plan fiscalizar la extraoferta hotelera y cobrar impuestos por hospedaje a plataformas como Airbnb, asunto en el que ya se trabaja con la Secretaría de Hacienda y con la subsecretaría de normatividad, para poner en orden a un sector que compite de “forma desleal”. Agárrense…

Cortesía de 24 HORAS

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