Una investigación penal sobre una inversión inmobiliaria del Vaticano está dejando al descubierto las debilidades del sistema judicial de la ciudad-estado y la ausencia de algunas protecciones básicas para los acusados, destacando la incompatibilidad de los procedimientos de la Santa Sede con las leyes europeas.

El Vaticano no ha sido nunca una democracia, pero la incongruencia de un gobierno que es una autoridad moral en el escenario global y, al mismo tiempo, una monarquía absoluta, es cada vez más evidente. El papa es juez supremo, legislador y ejecutivo, y tiene poder para contratar y despedir a funcionarios, jueces y fiscales, y elaborar y derogar leyes y reglamentos.