La organización defensora de derechos humanos, Amnistía Internacional señaló que en México existe un aumento en la militarización de la seguridad pública en México.

Al igual, mediante un informe, la organización mencionó algunos casos de uso excesivo de fuerza y desapariciones forzadas en el país.

Por esta parte, la organización público su Informe internacional de Derechos Humanos 2022-2023, en donde incluyó a México. Amnistía aseguró que “las fuerzas militares mexicanas no protegieron el derecho a la vida y la seguridad de todas las personas”.

De acuerdo con Amnistía, la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron de las 10 instituciones federales con más denuncias por violaciones de derechos humanos durante el año del informe. Mientras en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se recibieron 476 quejas contra la 316 contra la Guardia Nacional y 404 contra la Sedena. Dichas quejas en relación con múltiples crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos, entre ellos torturas, homicidios, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.

Al igual, la organización expuso una cronología sobre la incorporación de la GN a la Sedena mencionando que la primera decisión del Congreso de la Unión de esta acción fue suspendida. Amnistía aseguró “estas decisiones fueron promovidas por el gobierno y apoyadas por el Congreso sin la participación de la sociedad civil”.

En el informe, se menciona que “el aumento de la militarización” se dio a partir de 2022, cuando la GN se hizo cargo de 227 áreas que normalmente eran competencia de organismos civiles. De dichas áreas, 148 no guardaban relación con la seguridad pública, como la construcción de aeropuertos y autopistas, la gestión de la vacunación contra la Covid-19 y el control migratorio.

Por su parte, sobre el uso excesivo de fuerza por la GN, en el escrito se mencionan tres casos en particular, el primero ocurrido en abril de 2022 en Irapuato, Guanajuato. El segundo en agosto del mismo año, en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas y el último caso citado, en octubre, en Jalisco.

Del tema de desapariciones forzadas se mencionó que al terminar 2022 se elevaba a más de 109.000 el número total de personas desaparecidas y no localizadas en México desde 1964. Al menos en 2022, las autoridades registraron cerca de 9.826 casos de personas desaparecidas.

Finalmente, Amnistía Internacional agregó que los estados de las Américas deben invertir más para garantizar el acceso a los derechos sociales.