El Estado Mexicano acatará las tres sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de manera concertada con las víctimas y sus representantes, siendo fiel a su compromiso con la Convención Americana de Derechos Humanos, así como con el respeto, promoción y protección de los derechos humanos, afirmó la cancillería.

En un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación y la Procuraduría General de la República, señalan que el gobierno de la República refrenda su responsabilidad con el pleno respeto de los derechos humanos, al reconocer las sentencias de la Corte Interamericana.

Mencionó que el 20 y 21 diciembre de 2018, la Corte notificó al Estado mexicano las sentencias relacionadas con los casos Alvarado Espinoza y otros vs. México, Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México y Trueba Arciniega y otros vs. México.

El primer caso versa sobre la responsabilidad del Estado mexicano derivada de la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes, por parte de agentes estatales en el Ejido Benito Juárez, Chihuahua, desde el 29 de diciembre de 2009.

Mientras que en el caso de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco se relaciona con actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual, cometidos por agentes estatales en contra de once mujeres, en el marco de las detenciones y traslados realizados en operativos policíacos que tuvieron lugar en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, respectivamente.

El caso Trueba Arciniega, se refiere a la ejecución extrajudicial del joven Mirey Trueba Arciniega el 22 de agosto de 1998, por parte de agentes estatales en el estado de Chihuahua. En este caso, el Estado mexicano llegó a un Acuerdo de Solución Amistosa con los representantes de las víctimas, por lo que la CIDH emitió su sentencia, de conformidad con las medidas de reparación acordadas y que serán atendidas puntualmente por el Estado.

El Estado mexicano da prioridad a la atención, investigación, persecución y castigo a todos los casos de desaparición forzada, para garantizar la no repetición de estos hechos.

Por esta razón, señala que de manera conjunta con la sociedad civil, realiza acciones concretas para lograr la instrumentación plena y eficacia de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada.

Destacan que durante este año, se creó la Fiscalía especializada en la materia y se diseñaron los lineamientos y protocolos correspondientes. El Estado mexicano reafirma su compromiso con el respeto de los derechos de las víctimas del delito de desaparición forzada, por lo que mantendrá constante comunicación con los familiares y miembros de colectivos de personas que luchan por la búsqueda de la verdad y el derecho a la justicia.

LA RAZÓN

Los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados pospusieron el debate, y en su caso, la aprobación del dictamen para crear la Guardia Nacional para el próximo 16 y 17 de enero en un periodo extraordinario de sesiones.

Después de todas las voces de oposición y de las protestas que se han registrado en San Lázaro por el dictamen, los coordinadores parlamentarios acordaron solicitar a la Comisión Permanente un periodo extraordinario de sesiones para desahogar esta reforma que modifica 13 artículos de la Constitución para 2019.

Esta decisión se dio con el propósito de abrir un espacio para la búsqueda del más amplio acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, para la construcción de las normas e instituciones que mayor beneficio puedan aportar para los mexicanos, se comunicó.

Los coordinadores parlamentarios definieron que durante los días previos a la discusión del proyecto se realizarán audiencias con gobernadores, alcaldes, autoridades federales, académicos y especialistas, entre otros actores, para nutrir el análisis de forma abierta y transparente.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, informó que ayer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, invitó a desayunar a todos los líderes parlamentarios para conocer sus puntos de vista respecto a la Guardia Nacional.

Delgado dijo que posponer el debate de ese proyecto no fue una moneda de cambio para que retiraran el cerco de la Cámara de Diputados por parte de campesinos.

“No queremos que la Guardia Nacional se vea como el proyecto de un solo partido”, expresó Delgado en conferencia de prensa. Para el mismo efecto, se propondrá a la Cámara de Senadores que los trabajos de análisis se desarrollen en conferencia.

El pasado jueves, con el reclamo de la oposición y la ausencia del PRI y el PVEM, los integrantes de las bancadas de Morena, PT y PES avalaron en la Comisión de Puntos Constitucionales, en la Cámara Baja, el dictamen para reformar la Constitución y crear la Guardia Nacional.

Este aval se dio entre gritos, protestas y cambios de sede para que los legisladores pudieran sesionar, debido a la molestia de algunos colectivos que pidieron escuchar a más expertos y expedir un nuevo dictamen que garantizara el respeto a los derechos humanos; sin embargo, no prosperó.

Ayer se le dio primera lectura en la sesión del pleno y se preveía que mañana cumpliera la segunda lectura, fuera dictaminada, enviada al Senado de la República y, posteriormente, a los Congresos estatales para su ratificación.

No habrá masacres. Horas antes, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, al referirse a la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su administración no habrá masacres, que será respetuoso de los derechos humanos y acusó que los gobiernos pasados no cuidaban a los mexicanos.

“Para garantizar la paz y la tranquilidad, lo que estamos haciendo es impulsar el desarrollo económico y social, que en eso consiste 80% de la estrategia de seguridad. El que haya trabajo, que mejoren los salarios, que haya bienestar, que se atienda a los jóvenes primero y, en lo policiaco, cuidar los derechos humanos, no masacrar a la población. No va a haber masacres, como sucedió desgraciadamente en el viejo régimen.

“Yo nunca voy a dar la orden de que se reprima al pueblo. Estamos planteando que exista la Guardia Nacional, porque queremos garantizar la paz, la tranquilidad, que no haya violencia, conseguir la paz”, manifestó.

Criticó que ahora haya personas que se oponen a la Guardia Nacional, pero que “nunca criticaron las masacres que se cometieron (…) Nunca voy a dar la orden de reprimir al pueblo, queremos garantizar la paz”, dijo.

Afirmó que el grado de abandono que los anteriores gobiernos tenían en materia de seguridad era alarmante, por lo que se busca “resolver esto de todas formas, somos respetuosos del derecho a disentir, de la protesta. La Cuarta Transformación tiene como criterio, entre otros, que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, eso debe quedar claro”, afirmó.

Detalló que en el proyecto de seguridad se está requiriendo la experiencia del Ejército, debido a que “le estamos pidiendo que nos ayude para garantizar la seguridad pública, lo mismo a la Secretaría de Marina, a la Policía Federal, y unirnos para trabajar de manera coordinada en la Guardia [Nacional] y proteger a los ciudadanos”.

Evolución. Antes de ser avalado en comisiones, el dictamen fue modificado y se le agregó un artículo transitorio para que la Guardia Nacional estuviera adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solamente en sus primeros cinco años; después, la elaboración de planes, políticas y estrategias en materia de seguridad quedarán a cargo de la Secretaría de Seguridad, actualmente bajo el mando de Alfonso Durazo.

Se avaló un agregado al artículo 73 constitucional para crear un contrapeso institucional y otorgarle la facultad al Congreso para disolver la Guardia Nacional con la mayoría de las dos terceras partes de los representantes.

En el séptimo transitorio se agrega un castigo para los gobiernos locales que no profesionalicen a sus policías, a dos años de que la Guardia Nacional esté en funciones.

“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en el informe que remita el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, descontará del rubro de participaciones federales en el ramo de seguridad pública al gobierno de la entidad federativa o del municipio respectivo, el monto que corresponda por la prestación del servicio de seguridad pública que realiza la Federación, a través del cuerpo de seguridad respectivo”, dice el dictamen.

EL UNIVERSAL

Antonio Lozano, abogado de Guillermo Padrés, explicó que el ex gobernador de Sonora seguirá en prisión debido a que un juez no aceptó una propiedad ubicada en Acapulco como garantía.

Ayer, Diego Fernández de Cevallos dijo en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula que ofreció en garantía una propiedad ubicada en la Playa Diamante de Acapulco valuada en 402 millones 825 mil pesos.

Sin embargo, el juez decimosegundo, con sede en Toluca, la rechazó porque no reúne los requisitos.

También en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, el abogado del ex gobernador explicó que su cliente está siendo procesado por dos juzgados diferentes por los mismos delitos; el decimosegundo en Toluca y el séptimo con sede en la Ciudad de México.

Detalló que el juzgado séptimo fijó 40 millones de pesos como garantía para que el ex gobernador pueda salir de prisión, “se presentaron dos inmuebles que su valor conjunto es de 43 millones y concedió cambiar la medida cautelar de prisión preventiva a la de libertad“, añadió.

Lozano comentó que el juzgado decimosegundo fijó 100 millones de pesos como garantía para conceder la libertad a Padrés, mismos que serían cubiertos con la propiedad ofrecida por Fernández de Cevallos; sin embargo, el abogado acusó que el juez no aceptó la propiedad porque argumentó que el valor catastral del inmueble es el que debe cubrir el monto.

El abogado adelantó que el ex gobernador seguirá recluido en el reclusorio Oriente, pero que buscarán presentar otras propiedades como garantía para que le concedan su libertad.

MILENIO

Para hacer frente a quienes mantienen su rechazo a la creación de la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador fustigó a aquellos opositores que en el viejo régimen “se quedaron callados y nunca denunciaron las masacres que se cometieron”.

Además, explicó: “no es el propósito, como a veces se piensa, de militarizar, avasallar, imponer la fuerza como forma de gobierno. No, no, no. La cuarta transformación de la vida pública del país tiene como criterio, entre otros, el que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Eso debe de quedar claro”.

Puntualizó que ese nuevo órgano de seguridad sólo representa 20 por ciento de su estrategia para garantizar paz y tranquilidad, porque el restante 80 por ciento provendrá del desarrollo económico y social del país.

“En eso consiste el 80 por ciento de la estrategia de seguridad: trabajo, salario, bienestar, que se atienda a los jóvenes… y en lo policíaco, cuidar los derechos humanos, no masacrar a la población, no habrá masacre”.

Mientras ayer se difundió una nueva objeción a la Guardia Nacional, ésta de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al argumentar que ese cuerpo fortalecerá el papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y combate a la criminalidad, el mandatario argumentó por su parte que, con la Guardia “queremos garantizar la paz y la tranquilidad; que no haya violencia…”.

Y se están usando, añadió, “los elementos que tenemos, la experiencia del Ejército” para que ayuden en la tarea de garantizar seguridad pública, y lo mismo con la Marina y con la Policía Federal: “unirnos todos, trabajar de manera coordinada proteger a los ciudadanos”.

De acuerdo con el jefe del Ejecutivo, “aunque parezca increíble, el gobierno federal no protegía a los ciudadanos; no había en los hechos, en la práctica, una política de seguridad pública”.

Para ilustrar esa afirmación, señaló que de acuerdo a la Constitución el Ejecutivo federal sólo podía disponer de 20 mil efectivos para atender todo el país. “Entonces, queremos resolver eso”.

Con todo, insistió en su convicción de respetar, “el derecho a disentir, las protestas. No podemos estar aspirando a que todos pensemos igual; la democracia es pluralidad, debate, confrontación de ideas”.

LA JORNADA

La eliminación de la compensación universal de la Ley de Ingresos 2019, que permitía a las empresas utilizar sus saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para pagar otros impuestos, afectará a los contribuyentes, afirmó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). 

“Se afectará directamente a los contribuyentes, particularmente a los profesionales, emprendedores y dueños de empresas que cumplen oportunamente con el pago de sus impuestos”, señaló.

A través de un cómic, el presidente de la Confederación, Gustavo de Hoyos, calificó de “gandalla” al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por la modificación del Artículo 25 Fracción VI de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2019 aprobada por el Congreso de la Unión.

“Con la aprobación de la que en Coparmex hemos denominado como la #LeyGandalla, las empresas no podrán compensar saldos a favor de IVA contra otros impuestos, situación que afectará severamente a los contribuyentes que están bajo el régimen de tasa cero, principalmente del sector primario que producen alimentos, así como de la industria de exportación y farmacéutica”, abundó en un comunicado.

Asimismo, apuntó, se afectará a los establecimientos de la frontera norte del sector comercial y servicios que comprarán insumos con el IVA al 16 por ciento y venderán al 8 por ciento, generando saldos a favor.

“Afectará gravemente la liquidez de las tesorerías de las empresas, con el riesgo de cierre de negocios que no podrán operar con esas nuevas reglas, al no poder aplicar ni recuperar saldos a favor de manera eficiente y sencilla”, añadió.

La Coparmex respaldó a los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática “por haber generado los espacios de diálogo y apertura para conocer a detalle las implicaciones de dicha modificación”.

El sector patronal demandó identificar y orientar la fiscalización del Gobierno Federal a los contribuyentes que realizan operaciones indebidas.

“Los contribuyentes no tienen por qué pagar ineficiencias o incapacidades del Gobierno Federal para combatir fenómenos de evasión fiscal“, expresó.

ARISTEGUI NOTICIAS