La corrupción en el sector público no se limita al dinero que un ciudadano le da a un funcionario de cualquier nivel para obtener un favor determinado, sino incluye una amplia gama de posibilidades, advierte el estudio “Descifrando la corrupción”.

El documento elaborado por el centro de investigación “Ethos”, señala que en la esfera pública los expertos en corrupción reconocen dos categorías: la corrupción política y la administrativa.

La primera ocurre cuando los políticos desvían fondos públicos, extorsionan a empresas o individuos para obtener recursos, aceptan dinero para realizar operaciones ilícitas o agilizar operaciones que están en su ámbito de competencia, o bien, para comprar votos en elecciones, por citar algunos casos.

En tanto, la corrupción administrativa se refiere, en términos generales, al abuso del funcionario público respecto a sus atribuciones para obtener beneficios, normalmente económicos.

Sin embargo, la investigación elaborada distingue diversas modalidades, conforme a los criterios establecidos por Transparencia Internacional.

De esta forma, ofrece definiciones de conceptos como soborno, malversación, pagos por agilización de trámites y servicios, fraude, colusión, extorsión, clientelismo, conflicto de intereses, nepotismo, lavado de dinero, patronazgo y evasión de impuestos.

Todos los anteriores son actos ilegales que se pueden considerar corrupción, pero estas actividades no son iguales en su extensión, en sus causas, ni en sus efectos, detalla el documento.

En todo caso, sí implica la participación de políticos y/o funcionarios públicos, que de alguna forma ponen “precio” a sus acciones u omisiones de manera irregular o abiertamente contraria a la ley.

Sin embargo, tampoco estas formas de corrupción son igualmente reconocidas y sancionadas en las sociedades, pero es importante reconocerlas para saber cuándo enfrentamos un acto de corrupción y, en todo caso, denunciarlo en tiempo y forma.

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