La oposición venezolana fustigó el “Madurazo”, como llamó al fallo con el que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumió las facultades de la Asamblea Nacional (Congreso), y que los diputados denunciaron como un golpe de Estado.

El líder opositor Henrique Capriles dijo en una transmisión desde Colombia que la decisión del TSJ contra la Asamblea, dominada por la oposición, es la “sepultura” de la democracia venezolana. Señaló que el dictamen del Supremo venezolano clausuró a la Asamblea que fue elegida en 2015.

“En Perú hubo un ‘Fujimorazo’ cuando (Alberto) Fujimori cerró el Congreso (1992). Ahora en Venezuela se ha dado un ‘Madurazo’ con apoyo del TSJ. En Venezuela se dio un golpe de Estado. El gobierno cruzó la raya roja”, señaló Capriles, de visita en Colombia en busca de apoyo para los venezolanos.

El TSJ emitió la sentencia en la que alega que los magistrados asumirán las funciones de los diputados mientras se mantenga el desacato del Legislativo, originado por la incorporación en la cámara de tres diputados de la región de Amazonas, que fueron cuestionados por el oficialismo.

El líder de la Asamblea, Julio Borges, calificó el fallo como un golpe de Estado y anunció que lo desconocerá, después de romper en pedazos una copia de la sentencia del TSJ.

Capriles dijo que la sentencia viola la Constitución venezolana, lo que significa gobernar a la fuerza. Agregó que la pretensión del gobierno es adelantar acuerdos de financiamiento con instancias internacionales sin la obligatoria evaluación de la Asamblea.

“Buscan aprobar endeudamientos para crear burbujas y hacer creer que se está atendiendo la crisis humanitaria”, indicó.

A su vez el diputado opositor José Guerra, jefe de la comisión de Finanzas, denunció que una de las motivaciones del “golpe de Estado” en Venezuela es que el presidente Nicolás Maduro pretende entregar parte de las empresas petroleras de la Faja del Orionoco, la mayor reserva de crudo pesado del país.

La beneficiaria de esa entrega de empresas sería la firma rusa Rosneft, a cambio de los dólares que el gobierno venezolano necesita urgentemente. Dijo que el presidente se llamará “Nicolás I, emperador de Venezuela, por la gracia de la Sala Constitucional del TSJ”.

A la vez, la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) apuntó en una declaración que el gobierno asestó un duro golpe a la democracia con la sentencia.

“Esta nueva sentencia, inválida e inaceptable, deja clara la falta de independencia del poder Judicial. En sólo tres días hábiles resolvieron un recurso que no está previsto en nuestras leyes para complacer al gobierno”, manifestó.

Agregó que “después de más de un año siguen sin resolver la situación de los diputados de Amazonas para crear un supuesto desacato, el cual sirve de excusa para anular a la Asamblea y desconocer la voluntad del pueblo”.

Afirmó que el gobierno “agoniza”, y por eso recurre a este tipo de medidas desesperadas.

Indicó que ésta es una “nueva manifestación” del estado de anormalidad constitucional que ha permitido la complicidad entre el poder Ejecutivo y el poder Judicial para atentar contra el poder público de mayor representatividad democrática del país.

La decisión del TSJ está contenida en la sentencia de la Sala Constitucional que autoriza al Ejecutivo a crear empresas mixtas petroleras, sin el aval del Legislativo, el cual, por ley, debe dar la aprobación a este tipo de acuerdos.

Borges advirtió que con el fallo Maduro busca evitar el control de la Asamblea sobre los negocios petroleros para “entregarlos a sus amigos rusos”.

“Este es un mensaje a las empresas que están firmando esos contratos: son nulos y cuando venga un cambio de gobierno estas asociaciones estratégicas serán nulas, porque fueron otorgadas en contra de las leyes y la Constitución”, advirtió.