El Departamento de Justicia de Estados Unidos perseguirá con severidad los casos por drogas bajo una nueva directriz ordenada por el procurador general de Justicia, Jeff Sessions, con la cual se anulará la política de la administración anterior, reveló The Washington Post.

La nueva política, delineada en un memorando obtenido por el rotativo, dará como resultado la imposición de penas más severas para los acusados de delitos de drogas debido a que ahora los fiscales federales tomarán en cuenta las cantidades de drogas involucradas en cada caso.

Bajo la política instaurada en 2013 por el entonces procurador, Eric H. Holder Jr., la instrucción a los fiscales fue evitar la presentación de cargos severos a partir de las cantidad de droga involucrada, y evitar así la imposición de largas sentencias mínimas obligatorias.

La política era aplicada sólo en los casos en que los acusados cumplían criterios tales como no pertenecer a una organización dedicada al tráfico de drogas, pandillas o cárteles a gran escala.

“Esta política utiliza plenamente las herramientas que el Congreso nos ha dado. Por definición, las ofensas más serias son aquellas con las guías más sustanciales para sentencias, incluyendo las penas mínimas obligatorias”, explicó Sesions en su orden.

Bajo la nueva directriz, descrita en un memorándum de dos páginas y enviada a más de cinco mil fiscales asistentes de todo Estados Unidos y todos los procuradores generales adjuntos en Washington, los fiscales deberán presentar los cargos más severos “y fácilmente demostrable”, en estos casos.

Bajo la política anterior, un acusado detenido con un kilo de heroína, cinco kilos de cocaína o un kilo de mariguana podía evitar enfrentar una sentencia mandataria de 10 años de prisión, sí cumplía con los criterios establecidos al respecto.

The Washington Post indicó que se espera que la nueva política dé como resultado un mayor número de procesamientos federales y un aumento en la población carcelaria federal.

El diario señaló que Sessions pareció preparar el terreno para este cambio cuando en febrero pasado revirtió una directiva de la anterior procuradora general adjunta, Sally Yates, para que el Departamento de Justicia dejara de usar prisiones privadas para alojar reos federales.

Yates justificó entonces la nueva política citando la disminución del número de presos, pero Sessions argumentó que la orden perjudicó la capacidad de la Oficina Federal de Prisiones para satisfacer “las necesidades futuras del sistema correccional federal”.

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