Tal parece que la Delegación Oriente del IMSS en el Estado de México que encabeza Fernando Luis Olimon, no solo optó por la compra nacional de tóners que resultó ser más cara y nada transparente; sino que a través de su operador, el flamante Jefe de Servicios Jurídicos, Ricardo Ham Alvarado, ha ordenado no suspender el proceso de firma de contrato, a pesar de que hoy se sabe, cuentan en el almacén con productos del contrato anterior hasta por 3 meses, beneficiando con ello al proveedor adjudicado al no aplicar penas convencionales y a la empresa Lexmark, de Isaac Besudo, que no ha entregado las impresoras, a pesar de que la fecha límite era el 31 de diciembre de 2017.
Ante ello, el sector se pregunta si Susana Sánchez Hernández, Coordinadora Delegacional de Informática de la Delegación Oriente, sabrá sobre las violaciones que cometió al requerir tóners e impresoras de la marca Lexmark para el ejercicio 2018, a pesar de no contar con una justificación, motivo por el cual tomó la determinación de no asistir a la última junta de aclaraciones, que hoy se sabe está inconformada por varias empresas.
Por otra parte, se sabe que el Órgano Interno de Control (OIC), a cargo deMarco Antonio Andrade, ha tomado cartas en el asunto respecto a licitaciones similares en Delegaciones estatales como Querétaro, Jalisco y Tamaulipas. Por lo que se espera que sus pronunciamientos se hagan lo más rápido posible y no aleguen exceso de cargas de trabajo para poder resolver las inconformidades que actualmente se encuentran presentadas.
Interjet investigada
Resulta que la aerolínea Interjet que dirige José Luis Garza, también tendrá que comparecer ante la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de Alejandra Palacios, por una investigación por presuntamente haberfijado precios de boletos de avión con otras aerolíneas entre abril de 2008 y febrero de 2010. ¿Y porque le digo que también? Porque hace unas horas se dio a conocer que Aeroméxico y Volaris también fueron notificadas por su probable responsabilidad al ser acusadas de realizar contratos o convenios para fijar o manipular el precio de vuelos nacionales.
En el caso de Interjet la investigación comenzó en 2015 y que terminó a finales de 2017 se fundamenta, según la Cofece, con la Ley Federal de Competencia de 1992 y sus reformas, por lo que de determinarse un monto de sanción sería de 82.5 millones de pesos, donde dicen ellos, esta bien lo aceptamos y no producirá un efecto adverso en la operación de la sociedad. Lo que también podemos confirmar es que las empresas de dirigen Andrés Conesa, y Enrique Beltranena, buscarían evitar una sanción millonaria impuesta por la Cofece, ya que sin duda impactaría en ventas y en su flujo operativo mencionan ellos. Además de afectar su reputación, capacidad de operación de su negocio y sus planes futuros.
Lo cierto, es que llevamos muchos episodios de colusión de empresas de muchos sectores que ventajosamente se para obtener jugosas ganancias, que al final no son otra cosa más que un abuso al consumidor. No basta con castigos “ejemplares”, las empresas deben de entender que es con eficiencia y la calidad en sus productos y servicios como se es competitivo. No pueden pasar por encima de las leyes e instituciones y más aún por su ética y moral empresarial bajo la perversa intención de llenar sus grandes bóvedas de billetes verdes.
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