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Ayer el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, anunció que con el propósito de impulsar la inclusión financiera y reducir el uso de efectivo, a partir del 1 de abril lanzarán tres pruebas piloto de la plataforma de cobros digitales “CoDi”, junto con los bancos y el sector privado en general.

Estas pruebas tardarán entre tres y cuatro meses. En una de ellas, van a seleccionar un programa de gobierno que será operado en alguna zona específica del país exclusivamente mediante la banca digital, y dirigido a los jóvenes, el grupo de edad más familiarizado con el uso de estas tecnologías en sus teléfonos inteligentes.

En un segundo programa se seleccionará una ciudad de 150 mil habitantes y se van a enfocar en la “cultura financiera” de esa localidad (cualquier cosa que ello signifique para la SHCP). En la tercera prueba seleccionarán una población pequeña donde no haya bancos, para introducir la banca digital.

En México el efectivo representa todavía hasta el 90 por ciento de las transacciones cotidianas.

El CoDi es una plataforma que se usa mediante una aplicación de celular o tablet, que permite realizar, sin costo para el usuario y el negocio receptor, pagos electrónicos de hasta 8 mil pesos, de manera inmediata a través de internet o de banca móvil, utilizando los famosos códigos QR y tecnologías NFC para pagos mediante proximidad. Se espera que para septiembre próximo ya esté operando en todo el país.

Ahora, ¿por qué se quiere minimizar el uso de efectivo? Por lo que nos dicen siempre: para “combatir” delitos como la evasión fiscal, el lavado de dinero, y además, para “contribuir” a la formalidad de la economía y a la bancarización de los mexicanos. Suena bien. Pero… es un señuelo.

En realidad, el CoDi no es más que la más reciente versión de un “caballo de Troya” que -en caso de masrificarse y/o de volverse en algún momento obligatorio- se convertiría en el arma perfecta, el sueño dorado del Estado policíaco.

En el mundo del dinero digital “oficial”, no hay transacción, por pequeña que sea, que goce de confidencialidad.

Si bien es cierto que hay criminales que cometen ilícitos y que usan el dinero en efectivo para eludir el ratreo, también lo es que castigar a la gran mayoría que lo utiliza para fines legales y legítimos, es por completo injusto.

Esto, sin mencionar que se viola de forma artera el derecho de los ciudadanos a elegir el medio de pago que más les convenga, su derecho a la privacidad y el principio de presunción de inocencia. Pagamos justos por pecadores.

La criminalización del efectivo no es algo nuevo, y recurrentemente vuelve a aparecer. No sorprende porque, con la cantidad de dinero que va a necesitarse para cumplir con los caprichos siempre crecientes de la 4T, el fisco lopezobradorista buscará sangrar hasta la mínima gota que les quede a los contribuyentes ya cautivos. Los mismos de siempre. Esa y no otra es la intención de fondo de impulsar el CoDi, con los riesgos adicionales ya comentados sobre el derecho a la privacidad.

¿Hay que opornerse entonces al CoDi? No, porque los sistemas per se no son el problema. Bienvenido todo aquello que le haga la vida más fácil a las personas, siempre y cuando sean libres de usarlo o no.

A lo que debemos oponernos es a la criminalización del dinero en efectivo y a la restricción arbitraria de las libertades de los usuarios.

Estos y solo estos, deben decidir cuál medio de pago utilizar según su preferencia, y los gobiernos, hacer su trabajo de castigar a quienes cometan delitos, pero sin pasar por encima de la mayoría de los ciudadanos que al ejercer sus libertades, no atentan contra los derechos de nadie.

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