diplomática fue hallada culpable de cargos de corrupción por irregularidades en la concesión de obras viales durante los Gobiernos kirchneristas (2003-2015).

La pena denominada “causa Vialidad” también decomisa “efectos del delito”, es decir, 84 mil 835 millones de pesos argentinos. Asimismo, le impedirá volver a ostentar un cargo público.

En el proceso, que inició en mayo de 2019, se juzgaron irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.