La organización no gubernamental (ONG) Amnistía Internacional publicación de la ONG, otras organizaciones como Foro Penal y Justicia o Encuentro y Perdón calculan, actualmente, entre 286 y 319 personas privadas de la libertad por motivos políticos en Venezuela.
Mediante el reporte Vidas detenidas continúan las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela, Amnistía Internacional documenta nueve de estos casos y exige la inmediata e incondicional liberación de estas personas. Sobre estos casos emblemáticos, la ONG comenta que a algunas de estas personas se les detuvo por estar directamente vinculadas al activismo político de oposición. A otras por razón de género y vínculos familiares con terceras personas consideradas sospechosas por el Gobierno.
Sobre la diversidad de estas motivaciones políticas, la organización defensora de derechos humanos asegura que: “demuestra la alta vulnerabilidad que enfrenta la población en general”. Es decir, existe una vulnerabilidad a ser víctima de una detención arbitraria y otras graves violaciones de derechos humanos, la cual afecta desde opositores declarados del Gobierno hasta personas sin militancia política de ningún tipo.
Adicionalmente, señala el reporte, en el contexto de las detenciones arbitrarias también se repiten graves violaciones a derechos humanos e incluso crímenes de derecho internacional. Entre estos se encuentra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, junto a desapariciones forzadas, falta de garantías de debido proceso y un juicio justo. Asimismo, es recurrente el uso de tipos penales ambiguos y discrecionales, así como la aplicación arbitraria e infundada del delito de asociación para delinquir.
Durante 2022, la ONG Human Rights Watch también Venezuela, señalando su uso para detener a opositores políticos e inhabilitarlos en la postulación de cargos públicos. También denunció que, pese a las limitaciones temporales incluidas en una reforma reciente al código penal de aquel país, al menos 114 presos políticos llevaban entonces más de tres años en prisión preventiva.
Por otro lado, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos también señaló en 2022 que, para reprimir a la disidencia, el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia. Esto, a su vez, conduce a “la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”. De esta forma, diversos organismos de cuidado de derechos humanos continúan externando su preocupación por la situación en Venezuela, particularmente en lo referente a detenciones arbitrarias.