Una fiscal solicitó una pena de tres años de prisión en contra del exvicepresidente argentino Amado Boudou durante la audiencia del juicio en el que se le acusa de falsificación de documentos públicos.
La fiscal Stella Maris Scandura consideró acreditada “la participación y responsabilidad de Agustina Seguín y Amado Boudou en calidad de cómplices primarios en toda de esta maniobra”.
Boudou es el primer exvicepresidente de la historia argentina que tiene que enfrentar un juicio oral y público, el cual comenzó en mayo pasado.
Esta causa, sin embargo, es apenas la más leve de un abultado expediente judicial de quien fuera vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner de 2011 a 2015 y que incluye otros procesamientos, principalmente por delitos de presunta corrupción.
Esta es la primera vez que un político que ocupó tan alto nivel protagoniza un juicio, pero no será el último para el economista de 54 años que en, tiempo récord, se transformó en uno de los dirigentes más desprestigiados del país sudamericano.
El exvicepresidente está acusado del delito de “falsedad ideológica” por haber alterado en 2003 la documentación de un vehículo para transferirlo de manera irregular y perjudicar a su exesposa en medio de la división de bienes que negociaban como parte del divorcio.
En otra causa, Boudou fue procesado el año con el cargo de “administración fraudulenta” por la compra injustificada de 19 autos de lujo para el Ministerio de Economía que él encabezaba en 2009, antes de ser designado como vicepresidente.
El juez Sergio Torres consideró que la compra fue “antojadiza e infundada”, además de que no se realizaron los procedimientos legales para licitar una adquisición que alcanzó los dos millones 131 mil pesos (más de medio millón de dólares de la época).
La causa más grave, sin embargo, se refiere a la compra de parte de la imprenta Ciccone Calcográfica, la cual estaba en proceso de quiebra, que Boudou habría realizado con la ayuda de prestanombres.
De acuerdo con la investigación, Boudou aprovechó su puesto como ministro de Economía para rescatar financieramente la empresa y, posteriormente, logró que obtuviera millonarios contratos con el Estado para imprimir papel moneda.
En 2013, Boudou se convirtió en el primer vicepresidente de la historia argentina en ser procesado, ya que por el caso Ciccone el juez Ariel Lijo le imputó delitos por los que podría ser condenado a penas de seis años de cárcel, pero que en lo inmediato se tradujo en el fin de su carrera política.
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