El Congreso local completó hoy en sesión de pleno la reforma a la Constitución Política de Jalisco en materia de combate a la corrupción y aprobó la creación de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado, y por consecuencia se adhiere también como entidad al Sistema Nacional.
La presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, Corona Nakamura, señaló que la asamblea dio cuenta de la respuesta de 92 ayuntamientos que ratificaron la reforma constitucional en materia de lucha contra la corrupción que aprobó el Congreso de Jalisco el pasado 13 de julio.
Manifestó que con ello se completa el proceso legislativo para consumar la reforma constitucional y así dar paso a la expedición de la ley en la materia.
Dijo que el Pleno avaló el dictamen para habilitar la legislación que coordinará la estructura legal que buscará prevenir, identificar y sancionar este cáncer social, coordinar las acciones entre las autoridades estatal y municipal, así como incorporar a Jalisco al Sistema Nacional Anticorrupción.
Añadió que este marco legal determina las bases mínimas que deberán tener las políticas públicas de combate a la corrupción, fiscalización y control del erario; el sistema estará integrado por un Comité Coordinador, un Comité de Participación Social y el Sistema Estatal de Fiscalización.
Nakamura mencionó que los ayuntamientos podrán integrar e implementar sistemas anticorrupción armonizados con el estatal y el nacional, en tanto que el sistema estatal deberá habilitar mecanismos de coordinación y apoyo a las instancias municipales.
Apuntó que se instalará un Comité Coordinador integrado por: un representante del Comité de Participación Social, los titulares de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) y la Contraloría del Estado.
Asimismo, un representante del Consejo de la Judicatura, el consejero presidente del ITEI y el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, “la presidencia del comité será vigente por un año y será rotativa entre sus miembros”.
Precisó que el Comité Coordinador será responsable de establecer mecanismos de coordinación entre las instancias que conforman el sistema, así como del diseño, la implementación, promoción y evaluación de las políticas públicas encaminadas al combate a la corrupción.
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