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Condenan a Rusia por ley contra la propaganda gay

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Rusia por discriminación y vulneración de la libertad de expresión por la ley que castiga la “propaganda gay”, por lo que la obliga a indemnizar a los afectados por esa norma, sin embargo Moscú anunció que recurrirá al fallo por considerarlo injusto.

La corte con sede en Estrasburgo determinó que la llamada “ley de propaganda gay”, que prohíbe la promoción de la homosexualidad ante menores, viola la libertad de expresión y discrimina a los homosexuales, además incumple las reglas del tratado europeo.

“El tribunal concluyó que, en concreto, aunque las leyes en cuestión tenían como objetivo primario proteger a los menores, los límites de estas leyes no fueron definidos con claridad y su aplicación ha sido arbitraria”, dijo la corte en un comunicado.

Destacó que esta ley “no sirvió a ningún interés legítimo, sino al contrario reforzó estigmas y prejuicios, y alentó la homofobia, lo cual es incompatible con los valores de igualdad, pluralismo y tolerancias de una sociedad democrática.

Tres activistas homosexuales llevaron el caso a Estrasburgo después de ser condenados por tribunales rusos por faltas administrativas y sanciones por organizar manifestaciones entre 2009 y 2012 en las que exhibieron pancartas que decían que la homosexualidad es natural, normal y no una perversión.

Tras el fallo, que contó con la oposición del juez ruso Dmytri Dedov, Rusia tendrá que indemnizar a Nikolay Bayev, Aleksey Kiselev y Nikolay Alekseyey, con 43 mil euros por daños morales.

Dedov lamentó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos favorezca las relaciones sexuales no tradicionales, que “afectan a menores, las convicciones religiosas y filosóficas de los padres y las tradiciones nacionales o la maternidad”.

El Ministerio de Justicia de Rusia rechazó el fallo de la corte que tacha de “discriminatoria” la ley de propaganda gay” y anunció que apelará la decisión dentro de los próximos tres meses.

Además, defendió la ley rusa, al argumentar que no contradice las prácticas internacionales, sólo busca salvaguardar la moral y la salud de los niños.

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