La democracia mexicana es una de las más caras del mundo, y a nivel América Latina se ubica en el primer sitio. De acuerdo a datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cada voto en nuestro país tiene un valor de 18 dólares (378 pesos) comparado con los 29 centavos de dólar de Brasil.
Tan sólo en este año, los nueve partidos con representación ante el Instituto Nacional Electoral (INE) recibieron más de cuatro mil millones de pesos de prerrogativas, pero lo más lamentable es que esos recursos no tienen una fiscalización adecuada, pues lo mismo pueden ocuparse en el diseño de campañas políticas, que en engrosar las carteras de muchos vivales que han encontrado en este sistema democrático una forma de hacer negocios personales
Atendiendo al hartazgo de la ciudadanía que observa cómo en tiempos de austeridad, los partidos políticos siguen gastando a manos llenas, diferentes personajes de la política, la academia y del sector privado han presentado una serie de propuestas para bajarles el financiamiento que reciben año con año.
Entre ellas destaca una iniciativa del diputado de Acción Nacional, Jorge Triana, quien propone una reforma al artículo 41 de la Constitución para eliminar el financiamiento, a los institutos, con recursos públicos, y que en su lugar se obtengan de aportaciones voluntarias o donativos, con los respectivos candados que impidan que dinero de dudosa procedencia se cuele a su sistema financiero. Partido que incurra en esta falta, perdería, de manera automática, su registro.
Y es que, de acuerdo a la legislación electoral, además de dinero público, los partidos pueden recibir ingresos de otras cuatro fuentes: 1) de sus militantes, a través de cuotas ordinarias o voluntarias; 2) de sus simpatizantes, que son aportaciones o donativos; 3) de autofinanciamiento, a través de eventos en juegos y sorteos; 4) de rendimientos fiscales, con fondos y fideicomisos.
Con esta propuesta se ahorrarían miles de millones de pesos anuales, recursos que podrían ser destinados a obra social en beneficio de los que menos tienen.
Pero también se terminaría con “los partidos negocio”, ésos que sólo son creados para obtener prerrogativas millonarias, y que se asocian con cualquier otro con tal de conservar su registro y seguir viviendo a expensas de los ciudadanos que sí trabajan.
¿Le entrarán al tema los diputados o la iniciativa se quedará en la congeladora, como tantas otras que en su momento han pretendido poner un freno a los abusos y excesos de la clase política?
ACLARA LOTENAL
En relación a la entrega del 21 de febrero, ¿Tráfico de influencias en la Lotenal?, nos hacen llegar una aclaración en la que se indica que, dentro de las prácticas de transparencia, la contratación de la empresa Silcom Informática y Comunicaciones SA de CV se llevó a cabo a través de un procedimiento de licitación pública totalmente electrónico. De acuerdo a la documentación presentada por la Lotería Nacional, el método de evaluación que se utilizó para la adjudicación fue el de puntos, y la empresa, con sede en Monterrey, Nuevo León, obtuvo 85.5, datos que, según los documentos, se encuentran en la bóveda de CompraNet, sistema electrónico administrado por la Secretaría de la Función Pública.
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@JuanMDeAnda