El gobierno mexicano defendió de la llamada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, frente a las acusaciones de los padres de las víctimas de que el Estado mexicano ha mentido constantemente para no llegar a la verdad de lo ocurrido.

Al cierre de la audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Ayotzinapa, funcionarios de la PGR y las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores aseguraron que el Estado mexicano ha mostrado voluntad para resolver el tema y enumeraron una serie de acciones de búsqueda para comprobarlo, además del hecho de que han sido detenidas 128 personas acusadas de participar en la agresión contra los normalistas.

Algunos comisionados de la CIDH plantearan diversas preguntas sobre el asunto a los representantes del gobierno las cuales no encontraron respuesta por parte de los funcionarios.

El subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, aseveró que el gobierno ha sido “sensible” a la exigencia de los padres de tomar en cuenta otras líneas de investigación diferentes a la “verdad histórica”, según la cual los 43 normalistas fueron asesinados en el basurero de Cocula y sus cenizas esparcidas en el río San Juan.

“Entendemos el terrible dolor que les provoca, pero les pedimos que se tome en cuenta la hipótesis” de la “verdad histórica”, afirmó Campa.

En respuesta, Mario Patrón, director del Centro Prodh, hizo ver que esa declaración contraviene las observaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en el sentido de que el asesinato e incineración de los normalistas no habría sido posible en los términos descritos por el gobierno de México.

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