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Jurista mexicano preside la Corte Interamericana de Derechos Humanos

A partir de este lunes, el jurista mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, asume la presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El exvicepresidente de ese organismo se convirtió en el tercer juez de nacionalidad mexicana en ocupar ese cargo, después de los juristas e investigadores eméritos del instituto, Héctor Fix-Zamudio y Sergio García Ramírez.

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot es juez de la Corte Interamericana desde 2013, se desempeñaba como vicepresidente (2016-2017) y fue elegido presidente cabo durante el 120 Período Ordinario de Sesiones de ese organismo.

El reconocido jurista mexicano de prestigio internacional laboró en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México y ocupó distintos cargos en el Poder Judicial de la Federación, además es presidente de los Institutos Iberoamericano y Mexicano de Derecho Procesal Constitucional y miembro de más de veinte asociaciones académicas y científicas.

Asimismo, es autor de numerosas publicaciones sobre derecho constitucional, procesal, amparo y derechos humanos y profesor visitante en destacadas Universidades de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

Ferrer Mac Gregor Poisot es licenciado en Derecho y Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Baja California, así como doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, España, con estudios en Derechos Humanos en el Institut International des Droits de l’Homme, Estrasburgo, Francia.

NTX

Estado Mexicano acatará la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Atenco

El Estado Mexicano tiene la firme determinación de proceder a la reparación integral de los daños de las mujeres victimas de los operativos policiacos en San Salvador Atenco, y acatará la sentencia que emita la CIDH, afirmó el embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo.

En el marco de las audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Costa Rica, que se llevan a cabo hoy y mañana, expresó que el Estado Mexicano condena cualquier violación de derechos humanos, dentro y fuera del país; y en particular hacia las mujeres.

En el caso Atenco, subrayó, “no estamos discutiendo si se cometieron o no violaciones de derechos humanos, éstas ya fueron reconocidas, más bien lo que quisiéramos es reiterar nuestra voluntad de proceder a una reparación integral de los daños”.

El Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería mexicana recordó que al inicio de la actual administración, el Estado reconoció la responsabilidad internacional por los sucesos ocurridos en mayo de 2006 en Atenco, y ha reiterado en todo momento que reconoce esa responsabilidad.

Subrayó que en 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso, hizo una investigación independiente muy profunda, y dictaminó que lo ocurrido no respondía a una política del Estado Mexicano, o una política liberada.

Señaló también que la Fiscalía del Estado de México ha hecho investigaciones muy profundas sobre estos hechos, que no ha podido concluir, y al momento hay 52 personas consignadas

Ruiz Cabañas Izquierdo explicó que no hay sentenciados aún, porque en el sistema de investigación y el sistema penal anterior, los juicios podrían tardar muchos años, por los diversos recursos que tienen todas las partes en los litigios.

Por eso, abundó, cuando las víctimas solicitaron que ya no siguiera el diálogo con el Estado, para buscar una solución amistosa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) trajo el caso frente a la Corte.

El Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE indicó que por el formato de la audiencia ante la Corte, “no podemos dar todos nuestros argumentos el día de hoy”.

“Mañana tendremos esa oportunidad de presentar todos nuestros argumentos, ellas (las víctimas) han pedido una investigación de todos los presuntos responsables, nosotros sostenemos que esa investigación, si bien no está concluida, si está muy avanzada”.

“La voluntad y la realización de esa investigación ha estado ahí todo el tiempo”, enfatizó el Embajador en entrevista con Notimex.

Resaltó que las mujeres víctimas quieren las medidas de no repetición, todo lo que favorezca a que no haya un uso desproporcionado de la fuerza, y en ese sentido, dijo, en el Estado de México se ha aprobado una serie de medidas desde hace varios años, para evitar que se produzcan este tipo de situaciones.

También están las medidas de apoyo psicológico, de apoyo directamente a las víctimas, que hasta ahora no han aceptado, señaló.

Al respecto, dijo que quedó claro en la audiencia que la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión de Atención a Víctimas, en varias ocasiones ha tratado de ofrecer diversos planes de reparación y de apoyo para estas mujeres, pero ellas no las han aceptado y están en su derecho.

“Ellas quieren que la Corte sea la que dictamine las medidas que se tienen que tomar, mañana se darán los argumentos finales de cada parte, nosotros expondremos todos los esfuerzos que se han hecho tanto en investigación, de no repetición y reparación integral, que son muchas”, apuntó.

Mañana reiteraremos que el Estado Mexicano quisiera que la Corte dictamine lo que tenga que dictaminar, para pasar a la reparación integral del daño a las víctimas, expresó.

Ruiz Cabañas Izquierdo enfatizó que el Estado Mexicano acatará la sentencia que la Corte Interamericana tenga a bien emitir en el momento en que la emita.

NTX

Refrendan compromiso para atender desafíos en derechos humanos

El gobierno de México reiteró a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su más amplia voluntad y capacidad para atender adecuadamente los desafíos en la materia, en un marco de cooperación y colaboración con el órgano interamericano.

De igual forma, refrendó su política de apertura y colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales en esta materia.

Durante las tres audiencias públicas celebradas en el marco del 163 periodo extraordinario de sesiones de la CIDH, rechazó cualquier acto que atente contra de la libertad de expresión y del derecho a la privacidad de las personas.

Ello, luego de que representantes de organizaciones de la sociedad civil se refirieron a información reciente sobre casos de presunta intervención de comunicaciones privadas sin mandato judicial a distintos actores sociales en México, incluyendo a periodistas y defensores de derechos humanos.

En la audiencia, se recibió información de parte de la Comisión, en el sentido de que algunos miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), le habrían manifestado haber recibido en marzo de 2016, mensajes parecidos a lo descrito en una nota periodística publicada por el periódico “The New York Times”. La Comisión ofreció hacer llegar al Estado la información para su atención.

Al respecto, la representación del gobierno mexicano compartió información sobre acciones en materia de investigación, e invitó a los probables afectados a presentar las denuncias correspondientes, que faciliten las acciones en materia de procuración de justicia en marcha, se informó en un comunicado conjunto.

En una audiencia sobre el fortalecimiento de las acciones en materia de justicia y combate a la impunidad, la representación estatal recordó que México enfrenta retos considerables, y compartió distintas acciones, reformas y desarrollos que ilustran la fortaleza de las instituciones para atenderlos adecuadamente.

En ese marco, se recordó que México mantiene una política de cooperación y apertura con los mecanismos de derechos humanos, con los que se trabaja para la atención adecuada de los compromisos internacionales en la materia.

En la audiencia sobre el seguimiento al caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, se destacaron los avances en materia de investigación y búsqueda, así como el compromiso de seguir cumpliendo con el cronograma establecido en el marco del Mecanismo de Seguimiento del caso.

Igualmente, se destacaron acciones para la atención a víctimas, en particular a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

En otro tema y como muestra de su compromiso permanente con la promoción y protección de los derechos humanos, la delegación de alto nivel subrayó las acciones y estrategias para hacer frente a la discriminación y violencia en contra de personas Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual e Intersexual (LGBTI).

Así como las acciones para asegurar los mecanismos en materia de procuración de justicia y atención de presuntas violaciones a los derechos humanos de estas personas.

ntx/jcd

Apoya CIDH decisión de arresto domiciliario para Leopoldo López

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) apoyó hoy la decisión del gobierno de Venezuela de aplicar el arresto domiciliario a Leopoldo López como el cumplimiento a medidas cautelares otorgadas a favor del líder opositor venezolano.

La Comisión consideró que esta concesión a favor del líder del partido Voluntad Popular (VP) constituye “una oportunidad para la reconciliación nacional y para una salida democrática a la grave crisis del país”.

En un comunicado, el organismo ofreció colaborar con el gobierno del presidente Nicolás Maduro en el marco de su mandato y funciones, además solicitó nuevamente su anuencia para realizar una visita de observación a esa nación, algo que no ocurre desde el 2004.

López, de 46 años de edad, fue condenado en 2015 a casi 14 años de prisión después de ser hallado culpable de instigar las protestas contra el gobierno que tuvieron lugar en el 2014, y que dejaron un saldo de 43 personas muertas.

El pasado sábado, López, quien fue alcalde de la ciudad de Chacao por dos períodos consecutivos, fue trasladado del Centro Nacional de Procesados Militares conocido como “Ramo Verde” y donde purgaba su condena, a su residencia en la ciudad de Caracas.

Poco después de su arresto, la CIDH solicitó en abril de 2015 la adopción de medidas cautelares a favor de Leopoldo López, y pidió al gobierno adoptar las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal del político.

ntx/jcd

Gobierno de EPN habría espiado a integrantes del GIEI

Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encargados del caso Ayotzinapa también pudieron ser espiados con el malware Pegasus mientras se encontraban en México.

En marzo de 2016 recibieron mensajes similares a los utilizados para infectar teléfonos celulares de periodistas, activistas y políticos mexicanos, informaron integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La comisionada Esmeralda de Troitiño, quien presidió este jueves la audiencia de la CIDH sobre el mecanismo especial de seguimiento del caso Ayotzinapa, informó que el organismo recibió una carta del GIEI, la cual notificó la recepción de mensajes de texto con enlaces hacia páginas probablemente infectadas con el malware Pegasus.

“Vamos a comunicarle formalmente esta carta al Estado”, subrayó el comisionado James Cavallaro -exintegrante del GIEI-, quien insistió en que el presunto espionaje gubernamental contra los defensores de derechos humanos es un tema de “extrema preocupación” para la CIDH.

Durante un año, los expertos del GIEI coadyuvaron en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero.

Su labor obligó la Procuraduría General de la República (PGR) a ampliar las líneas de investigación y desacreditó la llamada “verdad histórica” elaborada por el gobierno federal para explicar lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.

jlpz

Venezuela rechaza observaciones de la CIDH mientras aumenta represión

El gobierno de Venezuela rechazó las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que acusó de emitir juicios tendenciosos, carentes de objetividad y desconocer los esfuerzos del Estado venezolano por garantizar la paz, mientras aumenta la represión de las protestas que ya han dejado 80 muertos y miles de heridos.

En un comunicado difundido anoche en esta capital, las autoridades bolivarianas rechazaron el documento de la CIDH fechado el martes pasado, por difundir sus conclusiones “sin investigar con ponderación, equilibrio y rigurosidad los hechos acontecidos” en la nación suramericana.

El comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó “enérgicamente” los “operativos adelantados” por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, mayormente por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en los últimos días en el país, ante la situación de violencia que se viene registrando desde el mes de abril, y que ha dejado 80 muertos, miles de heridos, y miles de personas detenidas.

En opinión del gobierno venezolano, la CIDH “desatiende su función de promoción y protección de los derechos humanos al no emitir un pronunciamiento que llame a los grupos violentos en Venezuela a deponer su actitud”.

“Reiteramos que esta deliberada omisión es una clara transgresión a la legalidad internacional que debe regir el funcionamiento de la CIDH y se constituye en un respaldo a los sectores que intentan socavar la estabilidad democrática en Venezuela a través del uso de la violencia y vandalismo generalizado”, subrayó.

“El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela respeta el derecho a la protesta pacífica y sin armas, a la libertad de expresión y reafirma su compromiso con los derechos humanos de todos quienes habitan en su Nación”, puntualizó.

“En razón a ello -añadió el comunicado-, adelanta todas las acciones necesarias, apegadas al debido proceso, para sancionar a los responsables sean estos civiles o pertenecientes a los cuerpos de seguridad del Estado”.

En su comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que “no hay un número oficial exacto, ni información detallada oficial” sobre la identidad de las personas detenidas y su situación.

Por ello, la CIDH urgió al gobierno de Nicolás Maduro a “adelantar con la mayor celeridad posible, y con apego a las garantías del debido proceso, las investigaciones de estos dos casos y de otros hechos de violencia reportados”.

“Resulta crucial que estos hechos no queden en impunidad y que se tomen de manera urgente las medidas necesarias para prevenir con la mayor rigurosidad, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad de Estado”, expuso el comunicado.

Las protestas contra el gobierno de Maduro, que comenzaron en abril pasado, ya arrojan un saldo de 80 muertos, unos dos mil heridos y cientos de detenidos.

La víspera, tres jóvenes fueron asesinados, dos de ellos con disparos en la cabeza y el tercero arrollado por un camión, informó la Fiscalía General.

Una marcha opositora contra el gobierno de Maduro fue dispersada en Caracas por la Guardia Nacional (policía militarizada), que usó gases lacrimógenos y perdigones.

Las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro comenzaron el 4 de abril pasado, cuando la Asamblea Nacional (Congreso) acusó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de dar un golpe al despojarla de sus funciones legales con dos sentencias.

Las manifestaciones tomaron nuevo impulso con la convocatoria por parte de Maduro de una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna, que la oposición califica de fraudulenta y advirtió que intentará impedir la elección de sus 545 miembros, en unas votaciones fijadas para el 30 de julio.

La jefa del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, pidió a la Fuerza Armada declarar los centros de votación como “zona de seguridad”, a fin de evitar manifestaciones en sus alrededores.

ntx/jcd

Venezuela rechaza observaciones de la CIDH mientras aumenta represión.

El gobierno de Venezuela rechazó las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que acusó de emitir juicios tendenciosos, carentes de objetividad y desconocer los esfuerzos del Estado venezolano por garantizar la paz, mientras aumenta la represión de las protestas que ya han dejado 80 muertos y miles de heridos.

En un comunicado difundido anoche en esta capital, las autoridades bolivarianas rechazaron el documento de la CIDH fechado el martes pasado, por difundir sus conclusiones “sin investigar con ponderación, equilibrio y rigurosidad los hechos acontecidos” en la nación suramericana.

El comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó “enérgicamente” los “operativos adelantados” por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, mayormente por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en los últimos días en el país, ante la situación de violencia que se viene registrando desde el mes de abril, y que ha dejado 80 muertos, miles de heridos, y miles de personas detenidas.

En opinión del gobierno venezolano, la CIDH “desatiende su función de promoción y protección de los derechos humanos al no emitir un pronunciamiento que llame a los grupos violentos en Venezuela a deponer su actitud”.

“Reiteramos que esta deliberada omisión es una clara transgresión a la legalidad internacional que debe regir el funcionamiento de la CIDH y se constituye en un respaldo a los sectores que intentan socavar la estabilidad democrática en Venezuela a través del uso de la violencia y vandalismo generalizado”, subrayó.

“El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela respeta el derecho a la protesta pacífica y sin armas, a la libertad de expresión y reafirma su compromiso con los derechos humanos de todos quienes habitan en su Nación”, puntualizó.

“En razón a ello -añadió el comunicado-, adelanta todas las acciones necesarias, apegadas al debido proceso, para sancionar a los responsables sean estos civiles o pertenecientes a los cuerpos de seguridad del Estado”.

En su comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que “no hay un número oficial exacto, ni información detallada oficial” sobre la identidad de las personas detenidas y su situación.

Por ello, la CIDH urgió al gobierno de Nicolás Maduro a “adelantar con la mayor celeridad posible, y con apego a las garantías del debido proceso, las investigaciones de estos dos casos y de otros hechos de violencia reportados”.

“Resulta crucial que estos hechos no queden en impunidad y que se tomen de manera urgente las medidas necesarias para prevenir con la mayor rigurosidad, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad de Estado”, expuso el comunicado.

Las protestas contra el gobierno de Maduro, que comenzaron en abril pasado, ya arrojan un saldo de 80 muertos, unos dos mil heridos y cientos de detenidos.

La víspera, tres jóvenes fueron asesinados, dos de ellos con disparos en la cabeza y el tercero arrollado por un camión, informó la Fiscalía General.

Una marcha opositora contra el gobierno de Maduro fue dispersada en Caracas por la Guardia Nacional (policía militarizada), que usó gases lacrimógenos y perdigones.

Las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro comenzaron el 4 de abril pasado, cuando la Asamblea Nacional (Congreso) acusó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de dar un golpe al despojarla de sus funciones legales con dos sentencias.

Las manifestaciones tomaron nuevo impulso con la convocatoria por parte de Maduro de una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna, que la oposición califica de fraudulenta y advirtió que intentará impedir la elección de sus 545 miembros, en unas votaciones fijadas para el 30 de julio.

La jefa del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, pidió a la Fuerza Armada declarar los centros de votación como “zona de seguridad”, a fin de evitar manifestaciones en sus alrededores.

NTX/MiHeL

Ve CIDH estancada indignación por los 43

Las autoridades mexicanas no han avanzado en las actividades de búsqueda ni en el esclarecimiento de líneas de investigación distintas a la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, señaló el Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“La Comisión constata que, a la fecha, no hay persona alguna en esta causa que esté siendo procesada bajo el tipo delictivo de desaparición forzada y que desde diciembre de 2015 no se ha presentado ninguna nueva acusación”, dijo Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH.

Abrão lamentó que autoridades de alto rango sigan defendiendo públicamente la hipótesis del asesinato e incineración de los estudiantes en el basurero municipal de Cocula. “La difusión de esta hipótesis, que ya ha sido descartada por el GIEI, provoca una distancia frente a las victimas y sus familiares”, subrayó.

Urgieron priorizar las diligencias en torno a la presunta existencia de un quinto autobús relacionado con el trasiego de drogas, que habría sido el móvil del ataque contra los estudiantes.

“Lo que hemos logrado en esta visita es coordinar con la PGR un cronograma de acciones, con una hoja de ruta, que permita la identificación de diligencias que hay que hacer”, informó la coordinadora del mecanismo y Relatora para México de la CIDH, Esmeralda Arosemena.

JCD

Gobierno de Trump desaira audiencia de CIDH sobre muro

Estados Unidos no se presentó este martes a la audiencia pública sobre las órdenes ejecutivas del presdidemnte Donald Trump sobre inmigración y el muro convocadas de oficio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.

La audiencia comenzó sin la presencia del Estado al que el organismo que vela por los derechos humanos en el continente quería preguntar ante los temores de que esas órdenes violen normativas regionales.

El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, no contaba con esta reacción de los representantes del Gobierno de Trump.

No es la primera vez que un Estado no acude a una audiencia pública en la CIDH sobre un tema que considera crítico.

Cuba y Nicaragua lo han hecho en el pasado, también Ecuador y Venezuela. Pero Estados Unidos ha acudido siempre en un pasado reciente, pese a que en ocasiones se ha enfrentado con temas delicados.

Tanto la CIDH como las organizaciones representantes de la sociedad civil lamentaron la ausencia del Estado estadounidense.

jlpz

Gobierno insiste en “la verdad histórica” sobre los 43 ante CIDH

El gobierno mexicano defendió de la llamada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, frente a las acusaciones de los padres de las víctimas de que el Estado mexicano ha mentido constantemente para no llegar a la verdad de lo ocurrido.

Al cierre de la audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Ayotzinapa, funcionarios de la PGR y las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores aseguraron que el Estado mexicano ha mostrado voluntad para resolver el tema y enumeraron una serie de acciones de búsqueda para comprobarlo, además del hecho de que han sido detenidas 128 personas acusadas de participar en la agresión contra los normalistas.

Algunos comisionados de la CIDH plantearan diversas preguntas sobre el asunto a los representantes del gobierno las cuales no encontraron respuesta por parte de los funcionarios.

El subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, aseveró que el gobierno ha sido “sensible” a la exigencia de los padres de tomar en cuenta otras líneas de investigación diferentes a la “verdad histórica”, según la cual los 43 normalistas fueron asesinados en el basurero de Cocula y sus cenizas esparcidas en el río San Juan.

“Entendemos el terrible dolor que les provoca, pero les pedimos que se tome en cuenta la hipótesis” de la “verdad histórica”, afirmó Campa.

En respuesta, Mario Patrón, director del Centro Prodh, hizo ver que esa declaración contraviene las observaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en el sentido de que el asesinato e incineración de los normalistas no habría sido posible en los términos descritos por el gobierno de México.

jlpz

Padres de los 43 acusan de “mentiroso” al gobierno de Peña ante la CIDH

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos acusó de “mentiroso” al gobierno de Enrique Peña Nieto, porque a casi 30 meses de la desaparición de sus hijos les siguen ocultado información sobre los hechos.

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvieron: “hemos recibido puras mentiras de parte de las personas que tenemos aquí enfrente. Llevamos casi 30 meses sin saber de nuestros hijos”, declaró en la sesión de este viernes Joaquina García Velásquez, madre de Martín Sánchez García, desaparecido junto con 42 compañeros en Iguala, Guerrero, la noche de 26 de septiembre de 2014.

Frente a los representantes del gobierno mexicano: Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y Sara Irene Herrerías, subsecretaria de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Republica (PGR), Joaquina soltó: “al GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) sí le creemos”.

En la audiencia de oficio realizada en el marco del 161 Periodo de Sesiones de la CIDH, los representantes de los padres de los 43 normalistas insistieron en exponer que pese a las recomendaciones que hizo el GIEI en dos informes “el paradero real de los estudiantes sigue sin determinarse”.

De su lado, organizaciones defensoras de derechos humanos que acompañaron a los padres de familia señalaron que incluso hay nuevos agravios contra las víctimas: “el Estado está ocultando información, no se ha dado seguimiento a la línea de investigación que recomendó el GIEI sobre el tráfico de narcóticos implicado en el caso, y de manera vergonzosa se ha incumplido con indagar las irregularidades cometidas por el Estado”.

Mario César González Contreras, padre de César Manuel González Hernández, otro de los jóvenes desaparecidos, reclamó a los representantes del gobierno federal las deficiencias en la investigación y el encubrimiento de funcionarios, como Tomás Zerón, ante las irregularidades cometidas en el proceso de búsqueda y en la detención de los presuntos responsables de los hechos.

“Para este Estado mentiroso, corrupto, es más importante cubrir a sus funcionarios públicos que hacer una investigación adecuada para encontrar a nuestros muchachos”, sentenció.

Los padres de los 43 rogaron a la CIDH que tenga “permanencia total el mecanismo de seguimiento y que se refuerce” para que tenga facultades de llegar a la verdad, y se finquen responsabilidades a quienes resulten responsables.

jlpz

AMLO solicita ante CIDH medidas contra Trump

El dirigente del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, pidió hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se pronuncie contra los decretos del presidente Donald Trump para construir un muro en la frontera con México y endurecer las políticas de arresto y detención de inmigrantes.

El también aspirante a la presidencia mexicana dijo que recogió 12 mil firmas para pedir a la CIDH la emisión de medidas cautelares a favor de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos afectados por la política migratoria de Trump.

También introdujo una queja ante el sistema interamericano de derechos humanos: “procedemos legalmente ante la ausencia completa del gobierno mexicano”, dijo en conferencia de prensa posterior.

Acusó que el presidente mexicano Enrique “Peña Nieto está actuando de manera sumisa y sin hacer valer los derechos humanos de los migrantes”.

López Obrador anunció que enviará una carta a las Naciones Unidas, cuya sede no pudo visitar la víspera debido a la tormenta invernal que azotó Nueva York.

En sus dos solicitudes ante la CIDH, López Obrador argumenta que las políticas migratorias estadounidenses violan los derechos a la no discriminación, la unificación familiar, el acceso a la justicia, la propiedad privada y al salario de los inmigrantes, protegidos por legislación internacional.

El organismo tiene la facultad de emitir este tipo de medidas para solicitar a un Estado que prevenga daños irreparables a personas en situación de riesgo.

jlpz