Los diputados de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano), presentaron ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, una demanda de juicio político en contra del encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, por supuestamente utilizar esta dependencia para atacar a su candidato presidencial, Ricardo Anaya.

El alegato principal de la demanda es que Elías Beltrán ha mostrado “una evidente tendencia a denostar públicamente a un candidato presidencial de oposición (Ricardo Anaya), quien conforme a las encuestas y diversas tendencias de opinión es el candidato que más ha crecido en intención de voto en los últimos días”, señalaron los legisladores.

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La Procuraduría General de la República (PGR) actúa en el marco de la Constitución y la ley y no en un contexto electoral, sostuvo el encargado de despacho de la institución, Alberto Elías Beltrán.

En conferencia de prensa acompañado por el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, el funcionario dijo que se decidió difundir el video donde aparece Ricardo Anaya, candidato del PAN a la Presidencia de la República, pues no violenta la ley y se respeta la privacidad y los derechos humanos de quienes ahí se observan.

Expuso que esta situación es emblemática porque es la primera vez que se pone en duda, de manera fuerte, la labor de la Procuraduría General de la República.

“Las instituciones se tienen que respetar y quien tenga dudas de las instituciones, los servidores públicos tenemos que salir a aclarar que se conducen conforme a la ley y principio de legalidad, sobre todo en las instancias de procuración de justicia”, expresó.

Elías Beltrán comentó que Anaya acudió a entregar un escrito y en ese momento se le invitó también a que presentara su declaración sobre las acusaciones que existen en su contra, a lo que se negó.

Reiteró que la Procuraduría siempre respeta la presunción de inocencia, pero también cumple con la ley, la Constitución y los estándares internacionales.

“Porque se ha señalado que esas operaciones de lavado de dinero tocan también sistemas financieros internacionales, por lo tanto tenemos que hacer una investigación como siempre lo ha hecho la PGR: respetando los derechos, humanos, la presunción de inocencia, la Ley, la Constitución y los estándares internacionales”, enfatizó.

El encargado del despacho de la PGR aseguró que la institución mantiene una investigación puntual de los hechos contra el empresario Manuel Barreiro y otros más por temas de lavado de dinero y aclaró que cuando se tengan los elementos suficientes, serán dados a conocer.

“La PGR sigue haciendo esta investigación respecto de estos hechos delictivos. Nosotros lo que tenemos como obligación constitucional y legal es la investigación de los hechos”, aseveró.

Por tanto, indicó, derivado de la investigación de los hechos es que podemos tomar la decisión para citar en el momento oportuno y que no afecte las investigaciones, citar a las personas que se consideren y que resulten de las investigaciones realizadas.

Elías Beltrán dijo que ya se han realizado diversos aseguramientos, cateos y se ha entrevistado a personas que pudieran estar vinculadas con estos hechos, además de que se han girado diversas solicitudes migratorias para ubicar a las personas que han sido señaladas como involucradas.

Es así que la PGR “no se va a dejar presionar para citar a una u otra persona, vamos a hacerlo conforme a la ley, conforme a la Constitución y en el momento que se tengan los elementos suficientes para citar a una persona, serán citadas”, puntualizó.

NTX

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en sus términos la minuta que expide la Ley para regular las Instituciones de Tecnología Financiera, la llamada Ley FinTech, que tiene por objeto reglamentar los servicios que prestan las entidades bancarias a través de medios tecnológicos, además de su organización, operación y funcionamiento.

El dictamen, avalado por 286 votos a favor, tres en contra y 63 abstenciones, también norma servicios sujetos a alguna normatividad especial que sean ofrecidos o realizados por medios innovadores.

El documento, remitido al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, también modifica las leyes de Instituciones de Crédito; del Mercado de Valores; General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; para regular las Sociedades de Información Crediticia.

De igual manera, reforma las leyes de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; para Regular las Agrupaciones Financieras; de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

El dictamen que crea la llamada Ley FinTech, precisa que para la organización y operación como Institución de Tecnología Financiera (ITF) se requiere autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y éstas deberán difundir la información que permita a sus clientes identificar los riesgos de sus operaciones.

Tendrán que divulgar los peligros de manera clara y sencilla a través de su página de Internet o el medio que utilicen para prestar su servicio, especificando que el activo virtual no es moneda de curso legal y no está respaldado por el gobierno federal ni por el Banco de México (Banxico).

Deberán informar sobre la imposibilidad de revertir las operaciones una vez ejecutadas y la volatilidad del valor de esos activos y los riesgos tecnológicos, cibernéticos y de fraude inherentes.

Especifica que las ITF sólo podrán operar con los activos virtuales que sean determinados por el Banxico y éstas deberán estar en posibilidad de entregar al cliente, cuando lo solicite, la cantidad de activos virtuales del que sea titular, o bien, el monto en moneda nacional.

También el dictamen indica que ni el gobierno federal ni las entidades de la administración pública paraestatal podrán responsabilizarse o garantizar los recursos de los clientes que sean utilizados en operaciones que celebren con las ITF.

La ley prohíbe a las ITF vender, ceder o transferir su propiedad, dar en préstamo o garantía los activos virtuales que custodien y controlen por cuenta de sus clientes.

Obliga a las ITF a reportar a la Comisión Nacional Banacaria y de Valores (CNBV), a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y al Banxico, aquella información relacionada con sus actividades, así como establecer una metodología para llevar a cabo una evaluación de los riesgos con los que operen.

Precisa que el Banxico podrá imponer multa de 30 mil a 150 mil UMA por realizar operaciones con activos virtuales o divisas, sin contar con su previa autorización, o bien, operar con activos distintos a los determinados por el mismo.

De igual manera, refiere que la CNBV y el Banxico, para hacer cumplir las determinaciones de la ley, podrán aplicar indistintamente los medios de apremio siguientes: amonestación con apercibimiento; multa de dos mil a cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMA); multa adicional de 50 a 100 UMA por cada día que persista la infracción y el auxilio de la fuerza pública.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el panista José Teodoro Barraza López , explicó que la tecnología ha transformado radicalmente la forma en que opera el comercio de bienes y servicios a nivel global.

Expedir la Ley FinTech, sostuvo, representa la oportunidad de impulsar la inclusión financiera de personas a las que la banca tradicional no ha atendido y constituye un factor de competitividad, eficiencia y economía para realizar transacciones bursátiles.

Detalló que el sector Fintech se estima en alrededor de 870 mil millones de dólares, y México es el país líder en América Latina en la materia, con al menos 250 empresas identificadas.

Sobre el valor total de las transacciones en México, para 2018 será de 36 mil 500 millones de dólares, y se proyecta una trayectoria de crecimiento de más de 17 por ciento anual para los próximos cinco años.

El legislador de Nueva Alianza, Luis Alfredo Valles Mendoza, indicó que en México operan aproximadamente 160 empresas de ese tipo que han otorgado más de mil millones de pesos en créditos y ostentan más de 540 mil usuarios activos, siendo las modalidades de financiamiento colectivo y de fondos de pago electrónico las más representativas del sector.

La legisladora Yaret Adriana Guevara Jiménez, del Partido Verde, dijo que estas instituciones financieras utilizan la tecnología para elaborar sistemas financieros más eficientes, menos costosos y al alcance de un mayor número de personas.

Al fijar su postura, el diputado Vidal Llerenas Morales, señaló que “idealmente la ley tendría que tener límites más claros en lo que constituye a cada medio financiero y tener disposiciones más específicas en términos de cómo beneficiará al consumidor y se traducirá en apoyos concretos a los consumidores”.

El legislador perredista, Norberto Antonio Martínez Soto, expuso que las plataformas tecnológicas y en línea han demostrado reducir costo y tiempo, ampliar el abanico de alternativas para préstamos e inversiones y brindar herramientas a las nuevas generaciones para que se inserten en el mercado laboral y empresarial.

En tanto, el panista Chrisitián Carrillo Fregoso argumentó que en los últimos años con el surgimiento de innovaciones tecnológicas se acrecentó el número de modelos de negocio que carecen de una regulación y supervisión de las autoridades sobre las operaciones financieras que llevan a cabo con sus clientes, por lo que “resulta imperante incluirlas en el sector regulado y supervisado del sistema financiero”.

En tanto, el priista Ricardo David García Portilla destacó que México es líder en América Latina en las empresas de tecnología financiera. Se estima que el crédito otorgado es superior a los mil millones de pesos y tiene más de 540 usuarios inactivos que no tenían una regulación específica para ese tipo de inversión; este liderazgo en la tecnología financiera, acotó, se debe al incremento en el uso de internet fijo y móvil.

NTX

La Fiscalía de Guerrero informó que encontró a Iván Borbolla, presunto responsable del choque de un Ferrari en la Autopista del Sol que dejó a dos mujeres colombianas muertas.

La dependencia señaló que el imputado se encontraba herido y hasta ahora no ha podido realizar su declaración.

Autoridades de la Fiscalía buscaron al presunto conductor en clínicas y hospitales de Guerrero y Morelos hasta que dieron con él.

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La madrugada de este jueves falleció en el Hospital General de Chilpancingo, la mujer colombiana Dayana “N”, de 22 años, luego de sufrir graves quemaduras en el accidente de un vehículo Ferrari, cuando viajaba con dos personas más en la Autopista del Sol, el pasado lunes.

En un comunicado, el vocero del Grupo Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia, informó que aproximadamente a las 4:00 horas murió la joven de nacionalidad colombiana, quien recibía atención médica en el Hospital General de Chilpancingo.

La mujer sucumbió debido a las complicaciones derivadas de las graves quemaduras que sufrió en el 90 por ciento de su cuerpo, lo mismo que Tatiana “N”, también de origen colombiano, quien falleció la víspera.

El funcionario estatal refirió que debido a este fatal percance, la Fiscalía General del Estado integró la carpeta de investigación 12020090500310260218, por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo, contra quien resulte responsable.

Reiteró que hasta el momento se desconoce quién conducía el auto deportivo, ya que de acuerdo con testigos, un hombre fue auxiliado por los ocupantes de otro vehículo que lo seguía de cerca antes de que ocurriera el accidente, pero dejó abandonadas a las dos jóvenes.

Expuso que los familiares de las dos jóvenes fallecidas establecieron contacto con la Fiscalía de Guerrero e iniciaron los trámites legales para reclamar sus cuerpos.

Álvarez Heredia señaló que hay coordinación entre las instancias estatales y federales para la búsqueda y localización del conductor del vehículo Ferrari.

NTX

Por violaciones al principio de legalidad, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León concedió un amparo para efectos al exgobernador Rodrigo Medina, y ordenó al juez de oralidad subsanar deficiencias y garantizar el principio de contradicción.

Mediante el amparo 539/2017, dicho Juzgado concedió la protección de la justicia federal al ex mandatario para el único efecto de que el juez de Control del estado deje insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado el 22 de septiembre de 2017 contra el quejoso.

Ello, por el delito de peculado, y cite a las partes a una nueva audiencia en la que subsane los vicios formales en los que incurrió.

En la sentencia de amparo se sostiene que el juez de Control deberá apegarse a las reglas que para el caso concreto dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales y no a lo que señala el Código Procesal Penal para el estado de Nuevo León.

También que la aplicación de este último fue indebida, además de que dicha norma quedó abrogada desde el 1 de enero de 2016.

La actuación del juez de control es contraria al derecho, añade, por carecer de debida fundamentación y motivación, ya que soslayó el análisis de las argumentaciones invocadas por la defensa del imputado y lo vinculó a proceso con base en lo dicho por la fiscalía únicamente.

Ello ocasiona un daño irreparable al quejoso, ya que el juez de oralidad inobservó el principio de contradicción que marca el nuevo sistema penal acusatorio dejándolo en estado de indefensión, plantea.

Lo anterior, toda vez que tales afirmaciones resultan insuficientes y, por ende, violatorias de la garantía de seguridad jurídica consagrada en la Constitución.

Advierte que la simple enunciación de los hechos con apariencia de delito no es suficiente para cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, ni para dar claridad al imputado, así como tampoco para garantizar el principio de contradicción.

Por tanto, al existir vicios formales que inciden en la debida fundamentación del acto reclamado, no es dable pronunciarse con respecto al fondo del asunto, puntualiza la autoridad jurisdiccional.

Esta sentencia no prejuzga sobre los datos que derivan de los antecedentes de la investigación para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, ni sobre la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.

Es decir, esta sentencia de amparo no está reconociendo que exista o no el hecho con características de delito, y mucho menos la probabilidad de que alguien lo cometió o participó en su comisión.

Lo anterior, toda vez que tal conclusión quedará a expensas del resultado que arroje el examen que en su momento realice el juez responsable, una vez que se purguen, en su caso, los vicios formales en que se incurrió.

NTX

La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales (SJAI), ha realizado ocho solicitudes de extradición contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte.

En un comunicado, la PGR señaló que en relación al procedimiento de extradición que se sigue contra Duarte Jáquez, al día de hoy se han recibido 11 causas penales de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, y una causa penal federal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Una vez que se analizaron dichas causas, de acuerdo con los requisitos del tratado de extradición, y elaborado las solicitudes respectivas, se han presentado ocho peticiones formales de extradición por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con las autoridades del país con el que se tiene suscrito dicho acuerdo.

Mencionó que en cuanto al trámite de las solicitudes restantes, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales se encuentra en la etapa final del trabajo correspondiente, a fin de que sean presentadas el total de las solicitudes de extradición.

Asimismo, informó que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua remitió a la PGR una solicitud de extradición más, la cual se está analizando, con lo que suman 11 causas penales del fuero común.

La dependencia federal reiteró su disposición a mantener la estrecha comunicación con las autoridades de Chihuahua, informándoles en todo momento sobre las solicitudes que se han presentado.

NTX

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, al resultar culpable del delito de peculado, cometido como gobernador, el Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia sentenció a Andrés Rafael Granier Melo a una pena de 10 años, 10 meses y 15 días de prisión, y la reparación del daño al erario estatal por más de 196 millones de pesos.

En un comunicado, la dependencia estatal apuntó que con la determinación de la autoridad judicial quedaron en firme las acusaciones de la FGE, establecidas bajo la causa penal 157/2013 por desvíos de recursos del Seguro Popular cometidos durante el ejercicio 2010.

La resolución emitida el 28 de febrero del año en curso, dijo, confirma el actuar de la institución ministerial que desde 2013 formuló acusaciones ante las instancias jurisdiccionales correspondientes, con el objetivo principal de que se recuperen los recursos públicos desviados en agravio del pueblo de Tabasco.

Las indagatorias por estos hechos se relacionan con un faltante de 196 millones 918 mil 209 pesos y 60 centavos del sector salud, pertenecientes al cuarto año de la administración anterior, mismos que deberán ser reintegrados al patrimonio estatal representado por el Poder Ejecutivo, apuntó.

El Juzgado Tercero Penal también ordenó una multa de 525 días para el ex mandatario, así como la suspensión de sus derechos políticos en tanto permanezca privado de su libertad.

A Andrés Rafael “N”, como se le alude en el comunicado, se le abrieron distintos expedientes por su gestión en el Gobierno del Estado de Tabasco de 2007 a 2012, mismos que se encuentran en proceso y otros aún en integración.

La FGE, reiteró que sostiene su compromiso de recuperar los recursos faltantes pertenecientes al erario estatal, y a la vez hacer valer el Estado de Derecho.

NTX

El encargado de la política interior del país, Alfonso Navarrete Prida, dialogó con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y los gobernadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu.

Por separado, se reunió con el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al igual que lo hizo con gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), con quienes abordó temas de seguridad y gobernabilidad.

El secretario de Gobernación acordó con cada uno de ellos que autoridades de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), así como de gobierno, procuración de justicia, seguridad pública y finanzas de esas entidades instalarán mesas de diálogo e intercambio de información, para conocer y atender de inmediato lo que en sus estados acontece en esas materias.

Las reuniones de gestión se establecerán con todos los involucrados, es decir, PRI, PAN, PRD, PVEM y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, la próxima semana en las instalaciones del Conjunto Bucareli, se informó en un comunicado.

De acuerdo con el texto, en el encuentro se hizo énfasis de continuar el trabajo coordinado para establecer condiciones de bienestar en beneficio de los habitantes de esas entidades.

NTX