El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) podría decidir la suerte del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, tras ser liberado bajo fianza en Alemania y descartarse la acusación de rebelión en su contra.

El líder independentista pagó este viernes la fianza de 75 mil euros (unos 92 mil dólares) impuesta por el Tribunal Regional de Justicia de Schleswig-Holstein, salió de la prisión de Neumünster (norte de Alemania) y sus abogados contemplan dar la batalla en los tribunales.

El Tribunal Supremo español procesó a Pugdemont (y a otros líderes independentistas) por el delito de rebelión que el Código Penal establece con penas de hasta 25 años de prisión si se comete mediante la incitación a la violencia.

La justicia alemana desestimó esta acusación al no apreciar la violencia que se requiere para ser considerado como tal, y en consonancia con el delito que en Alemania se tipifica como alta traición.

La decisión significa que en caso de ser entregado a España (algo que se daría en un plazo máximo de dos meses) a Puigdemont ya no se le puede enjuiciar por delito de rebelión, y ahora difícilmente el juez español Pablo Llarena puede incluir una nueva acusación como la de sedición.

El Código Penal precisa que el delito de malversación de fondos públicos (que el juez la relaciona con el financiamiento del referéndum independentista del 1 de octubre por monto de un millón 600 mil euros) se castigue con hasta ocho años de prisión e inhabilitación por 10 años.

Fuentes judiciales informaron este viernes que el juez Llarena acudirá al Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, para precisar si los términos en que actuó el Tribunal Regional de Schleswig-Holstein proceden para el trámite en que se revisaba la entrega a España.

En el Tribunal Supremo español consideran que los magistrados alemanes ahondaron en la existencia o no de la violencia requerida para el delito de rebelión en España (y alta traición en Alemania), cuando el trámite implicaba revisar si estaba contemplada en la legislación penal del país.

En caso de que Llarena acuda al tribunal europeo, la justicia alemana deberá frenar el procedimiento de entrega a España en espera de una resolución.

En tanto, Puigdemont deberá permanecer en Alemania, presentarse periódicamente ante el juzgado de Neumünster o en otro más cercano al domicilio donde se deberá establecer en ese país (quizá en Berlín, según sus abogados).

A pesar de estar en libertad provisional, el dirigente independentista no puede circular por otros países europeos y puede ser detenido porque la orden europea de detención en su contra está vigente hasta que se defina o no su entrega a España.

La otra alternativa es que Llarena retire esa “euroorden”, como ya lo hizo en diciembre pasado cuando contempló que la justicia belga podría no ver delitos en las acusaciones que en ese momento se le hacían a Puigdemont.

Sin embargo, fuentes judiciales reconocen que retirar la orden de detención en este momento afectaría la imagen de España en el esquema de cooperación europea de justicia para la entrega rápida.

Los abogados de los demás líderes independentistas acusados por Llarena de rebelión han pedido que se revise la situación de sus representados, pues es el delito de mayor peso que se les imputa.

La nueva situación permite a Puigdemont ejercer su derecho de voto como diputado en el Parlamento de Cataluña mediante la delegación del sufragio a través de un compañero diputado.

La cámara con sede en Barcelona espera la presentación de una nueva propuesta de candidato a la Presidencia de la Generalitat, que Puigdemont y otros líderes independentistas atribuyen a Jordi Sánchez, actualmente en prisión en España en la misma causa judicial que instruye Llarena.

El proceso tiene hasta el 22 de mayo para poder investir a un nuevo presidente surgido de las elecciones del 21 de diciembre, o de lo contrario se convocarán a nuevos comicios.

NTX