Los problemas judiciales de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, aumentaron hoy luego de que un juez anunció que pedirá su desafuero como senadora y de que dos fiscales solicitaron un juicio en su contra por asociación ilícita y lavado de dinero.

La prensa local confirmó que el juez Claudio Bonadío pedirá por segunda vez el desafuero de la expresidenta en el marco de la causa por presunta corrupción que estalló ayer con la detención de una docena de empresarios y exfuncionarios kirchneristas.

Los detenidos están acusados de haber formado parte de una red en la que altos exfuncionarios kirchneristas recogían de manera personal dinero en efectivo en las oficinas de empresarios que habían sido beneficiados con millonarios contratos de obra pública.

De acuerdo con la investigación, ese dinero era finalmente llevado al expresidente Néstor Kirchner, y después de que el murió, a su viuda y sucesora, ya fuera en la residencia presidencial de Olivos o en su departamento de Buenos Aires.

La decisión sorprendió porque Bonadío citó a indagatoria a Fernández de Kirchner para el próximo 13 de agosto, es decir que ya la considera culpable a pesar de que ni siquiera la ha interrogado ni imputado delito alguno de manera formal en esta nueva causa judicial.

Además, la exmandataria siempre ha estado a disposición de la justicia en las múltiples investigaciones en las que está involucrada y el anterior pedido de desafuero tramitado por Bonadío fue rechazado en el Senado porque Fernández de Kirchner todavía no tiene ninguna condena.

El problema es que Bonadío es un juez conocido por su parcialidad y animosidad contra la expresidenta, lo que ensombrece el proceso de justicia y castigo a la corrupción que podría llevarse a cabo en el país sudamericano.

Por otra parte, este jueves los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques solicitaron la elevación a juicio de una causa en la que Fernández de Kirchner está acusada de “asociación ilícita” y “lavado de dinero”.

Se trata del caso conocido como “Los Sauces”, nombre de uno de los hoteles de la familia Kirchner y en el que se le imputa haber formado una asociación ilícita que cobró sobornos a través de falsos alquileres a cambio de la adjudicación de contratos de obra pública.

Además de la expresidenta, están acusados sus hijos Máximo y Florencia, junto con Lázaro Báez y Cristóbal López, dos de los empresarios más cercanos al kirchnerismo.

Según los fiscales, Báez y López cobraban sobreprecios en los contratos de obras públicas que les otorgaban Kirchner y Fernández durante sus respectivos gobiernos y luego les regresaban parte de ese dinero simulando que habían alquilado hoteles de la familia presidencial.

NTX