Ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, advirtió: “Nada por la fuerza, todo por la razón y por el derecho”, y llamó a los tres poderes del Estado a trabajar en “armonía y concordancia”.
En el marco del conflicto entre los poderes Ejecutivo y Judicial por la implementación de la ley federal de remuneraciones, Morales rindió su cuarto y último informe de labores, en el que ofreció al Ejecutivo y Legislativo trabajar juntos en beneficio del pueblo de México.
“Queremos trabajar en conjunto por un México mejor, resolviendo las controversias conforme a las leyes que expide el Congreso de la Unión, acordes con la Constitución, protegiendo los derechos de todos”.
Sin embargo, Aguilar Morales dejó en claro ante López Obrador que el máximo tribunal de justicia del país honra el legado de Benito Juárez, ministro y presidente de la SCJN. “Esos valores universales guían nuestra actuación, no se olvide”, recordó.
En la sesión solemne, en la que estuvieron presentes, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, el presidente del Senado, Martí Batres, así como titulares de órganos autónomos, el ministro presidente enfatizó que la independencia del Poder Judicial debería ser considerada por todos los ciudadanos como una garantía de verdad, libertad y el respeto de los derechos humanos.
Y añadió: “El Poder Judicial de la Federación es uno de los tres poderes de la Unión y, por tanto, reconocemos que somos parte del entramado del Estado mexicano y que debemos estar articulados, en armonía y concordancia con los otros poderes, el Ejecutivo y el Legislativo”, dijo.
Expuso que en momentos en los que el país requiere de reformas para lograr la paz, la equidad y la prosperidad, es necesario fortalecer a las instituciones de impartición de justicia.
“Entre muchas coincidencias, una de las más importantes que tenemos con usted [Presidente] es la máxima del Benemérito de las Américas [Benito Juárez] que rige la vida de una democracia constitucional: ‘Nada por la fuerza, todo por la razón y por el derecho’”.
Destacó que la presencia del Presidente de la República en el evento más importante del año de la Corte, al igual que la asistencia de los integrantes del Máximo Tribunal en la toma de protesta de López Obrador, son muestra de la “normalidad democrática” a la que están obligados a conducirse quienes respetan las instituciones del Estado.
Esta posición la expuso Aguilar Morales en el marco del choque que mantienen los poderes Ejecutivo y Judicial, ante la decisión del mandatario de aplicar a los juzgadores la Ley Federal de Remuneraciones para los Servidores Públicos, la cual establece que ningún funcionario público puede ganar más que el Presidente de la República.
Entre los puntos que Aguilar Morales refirió en su informe está el de los procesos disciplinarios a quienes incurren en irregularidades.
Afirmó que en los procesos de designación de jueces y magistrados se aplican rigurosos exámenes de oposición y se toma a consideración los estudios de posgrado, las publicaciones académicas y los antecedentes que tienen en la carrera judicial.
Detalló que durante su administración, 2015-2018, el Consejo de la Judicatura Federal atendió más de 7 mil quejas y denuncias; se instauraron más de 150 procedimientos disciplinarios de oficio, se realizaron más de 90 investigaciones y fueron sancionados 260 servidores públicos.
De ellos, 36 ostentaban el cargo de magistrado de Circuito y 49 de jueces de Distrito. Las sanciones impuestas van desde amonestaciones privadas y apercibimientos, hasta 21 casos de suspensión, ocho de destitución y cuatro de inhabilitación.
“En el Consejo de la Judicatura Federal no caben la tolerancia a la corrupción o a la conducta indebida que contravenga la ética, demeritando el quehacer jurisdiccional y administrativo; en todos los casos, trátese de quien se trate, se ha actuado”, dijo.
Al referir los avances del PJF en la implementación y consolidación del sistema penal acusatorio, Aguilar Morales reconoció que se requiere más trabajo en las Unidades de Seguimiento a las Medidas Cautelares, asesoría a las víctima y la operación de las Unidades de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.
Agregó que más de 80% de los delitos federales se concentra en tres conductas ilícitas: robo de hidrocarburos, narcotráfico y portación de arma.
EL UNIVERSAL
