Originario de Oaxaca, el estado con mayor diversidad étnica del país, el indígena Ayuuk Mixe, Adelfo Regino Montes, encabeza el nuevo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), desde donde buscará hacer actor de la Cuarta Transformación a este sector que se había mantenido en el olvido.
Ver lo difícil que era para las comunidades hacer valer sus derechos, tener acceso a la educación y salir de la pobreza, lo motivaron a que, tras concluir la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, se especializara en los derechos de los pueblos indígenas.
Sus padres son campesinos, una actividad que él también hacía cuando era niño, antes de que, a los 12 años de edad, dejara su natal Santa María Alotepec Mixe para ir a estudiar su educación secundaria a un internado del Valle de Oaxaca, y después los niveles medio superior y superior a la capital del estado, debido a la falta de escuelas en la región.
“Como abogados indígenas tenemos que crear las condiciones para resolver los múltiples problemas que hay en nuestros pueblos y nuestras comunidades, problemas de carácter agrario, social, político”, refiere.
Subraya que siempre hace falta en estos contextos el abogado indígena, que conozca el contexto, la cultura y los sistemas normativos que tienen las propias comunidades para que en armonía se pueda construir una estrategia de resolución de estos conflictos.
En las oficinas de la exComisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en Coyoacán, el ahora funcionario relató que como abogado indígena le tocó participar en la aprobación de la ley electoral el 30 de agosto de 1995, que reconoció por por primera vez la elección de las autoridades municipales por normas propias conocidas comúnmente como de “usos y costumbres”.
En 1998 participó en la emisión de la primera ley indígena en México, así como en la Ley de Derechos los Pueblos Indígenas del estado de Oaxaca, aportó en los Diálogos de San Andrés y, en su momento, en la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación para el reconocimiento de los derechos indígenas en la Constitución.
Ante todo lo que ha visto como defensor indígena, Adelfo Regino tiene la firme convicción de que en esta administración, los pueblos originarios y las comunidades afromexicanas serán consideradas como sujetos de derecho público y se abandonará la vieja estrategia de considerarlos como objetos, como sujetos pasivos de las políticas y programas de gobierno.
“Necesitamos transitar de este periodo a uno nuevo en donde nuestros pueblos sean reconocidos plenamente como sujetos de derecho público, como sujetos capaces de definir sus prioridades para el desarrollo, como sujetos capaces reivindicar su propia historia y futuro”, apuntó el indígena Mixe.
Ese es el desafío fundamental que tiene el nuevo INPI, en donde hay nuevas atribuciones que fortalecen toda la perspectiva de derechos, “que esta sea una institución que realmente pueda implementar los derechos de los pueblos indígenas reconocidos a nivel nacional y sobre todo a nivel internacional”.
“Que sea una institución que pueda realmente también contribuir a que se supere los lamentables estados de pobreza de marginación y exclusión en la que viven nuestros pueblos y nuestras comunidades”, se dice convencido.
De acuerdo con el INPI, en México hay 68 pueblos indígenas, donde viven 7.4 millones de hablantes de una lengua originaria, que representan el 6.5 por ciento de los habitantes mayores de tres años del país; así como el pueblo afroamericano, donde 1.3 millones de personas se consideran como tal, es decir, 1.2 por ciento de la población nacional.
Los datos que refieren al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) también señalan que 12 millones de personas viven en hogares indígenas, que representan el 10.6 por ciento de la población nacional, en tanto que 25.7 millones de personas se autoadscriben como indígenas, equivalente al 21.5 por ciento de la población nacional.
Regino Montes consideró que el conjunto del Estado Mexicano, que incluye a las diversas secretarías y dependencias, también tienen que contribuir a que se resuelvan los graves desafíos, los graves problemas que viven esos pueblos y comunidades que, en su mayoría, se localizan en el sur-sureste del país.
“No es solo una atribución de la nueva institución que se ha creado, sino también las demás instancias de Estado mexicano pues tiene que contribuir en este tema”.
En su opinión, en este desafío estructural de la transformación, como sociedad tenemos que asumir un nuevo pensamiento, una nueva actitud en donde erradiquemos fenómenos tan preocupantes como la discriminación y el racismo.
Y es que no solo están en las estructuras del Estado, sino profundamente arraigados en las estructuras sociales y por eso a través de la educación, los medios de comunicación, “de distintas estrategias tenemos que generar una nueva conciencia una actitud de respeto hacia el otro, hacia quien es diferente a mi, hacia quien habla una cultura diferente o habla una lengua distinta”.
Es decir, explicó, tiene que haber no solo una cultura de tolerancia sino sobre todo de comprensión y de aceptación, “porque en la medida en que aceptemos al otro, de nuestra raíz indígena, de la presencia viva de nuestros pueblos y comunidades indígenas como algo del presente y algo del devenir, vamos a encontrar la reconciliación como México”.
Una reconciliación que necesitamos como país, afirma enfático, porque no podemos los mexicanos imaginarnos de nuestro futuro, sin estar conscientes de nuestra historia y de quienes han aportado para que tengamos esta raíz y esta historia y son justamente nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas.
Por otra parte, el titular de INPI aseveró que es necesario que en la Constitución Política de México se reconozca plenamente los derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, “ya que es un componente fundamental de la Cuarta Transformación al cual nos está convocando Andrés Manuel López Obrador”.
Aseguró que además es importante que se reconozcan los pendientes que quedaron en términos de los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena y se incorporen a la Carta Magna todos los avances que se han dado en el derecho internacional con relación a los pueblos indígenas.
“También necesitamos hacer un cambio en las instituciones de Estado mexicano y un primer paso en esta dirección ha sido sin duda alguna la creación de este nuevo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que parte de la premisa de que nuestros pueblos y nuestras comunidades deben de ser reconocidas como sujetos de derecho público”, consideró.
Y es que, para el actual gobierno, los pueblos indígenas y el pueblo afromexicano son sujetos fundamentales en el actual proceso de transformación nacional y la renovación de la vida pública, ya que son considerados como “nuestra raíz y origen, y al mismo tiempo ejemplo de tenacidad, lucha y resistencia en las diversas etapas históricas que hemos vivido los mexicanos”.
Adelfo Regino se muestra orgulloso de que se está abriendo una nueva etapa de transformaciones profundas, en donde los pueblos indígenes sean plenamente reconocidos en su dignidad y en sus derechos.
Y esa fue la poderosa señal que recibió el 1 de diciembre, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió el Bastón de Mando en el Zócalo de la Ciudad de México, un lugar histórico porque ahí tomaban posesión los gobernantes mexicas, en donde también se encontró el águila posando sobre un nopal y devorando la serpiente.
“También el nopal es una especie de Bastón de Mando, un árbol sagrado de tierras secas, entonces en muchos sentidos es un simbolismo muy importante”, que acompañará la Cuarta Transformación de la vida pública de México.
Con información de NOTIMEX
