La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió la decisión presidencial de poner fin al funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y exhortó a instituciones a facilitar el funcionamiento de la entidad.
Según el fallo, el presidente de la República de Guatemala, el vicepresidente, el Congreso de la República, la ministra de Relaciones Exteriores, el ministro de Gobernación, el ministro de la Defensa Nacional, el Consejo Nacional de Seguridad, el Procurador General de la Nación y el Fiscal General deben instruir a sus funcionarios para facilitar el funcionamiento de la CICIG.
El dictamen fue aprobado por la mayoría de quienes integran el Tribunal. La magistrada presidenta, Dina Josefina Ochoa, presentó su voto razonado disidente, con voto a favor Gloria Porras, Boanerge Mejía, Francisco de Mata Vela y Neftalí Aldana, informó este miercoles el diario Prensa Libre.
La resolución es un amparo provisional solicitado por ciudadanos contra la finalización unilateral que hizo el Ejecutivo al Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
Los amparos que conoció y resolvió la CC fueron planteados por los ciudadanos Manfredo Roberto Marroquín, Marco Vinicio Mejía Dávila, Miriam Catarina Roquel Chávez, Helen Beatriz Mack Chang, Rodilio Barbelí García Orozco, Roselín Eunice García Bautista, Rodilio Alberto García Bautista y Mauricio Rodbelí García Bautista.
El Ejecutivo dijo que no ha sido notificado de la resolución de la CC y que, una vez llegue, la analizará en forma conjunta con todas las instituciones.
La CICIG funcionaba desde 2006 en Guatemala y realizó investigaciones sobre corrupción a distintos niveles, entre otros contra funcionarios del gobierno del actual presidente Jimmy Morales.
Sin embargo, este lunes la ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovel, entregó al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, una nota en la que explicó que la comisión tenía 24 horas para abandonar el país y trasladar las capacidades a las instituciones públicas de su país.
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