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En el contexto de violencia que padece el país, continuamente se difunden las estadísticas de la muerte, la desaparición de personas, los secuestros, lo que constituye una gravísima síntesis de una sociedad adolorida.

Pero hay otras víctimas menos visibles y más numerosas: durante 2018 llegaron a urgencias de todos los hospitales, clínicas y centros de salud 47 mil 542 personas heridas por cuchillo o arma de fuego.

La cifra, cuya fuente es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, ha venido en ascenso: en 2014 fueron 30 mil 410 las víctimas de este tipo de agresiones. En cuatro años, el incremento es de 55 por ciento.

Así, además del promedio diario de 90 personas asesinadas, al menos cada día del año pasado fueron heridas con arma de fuego o punzocortante 130 personas. Algunas habrán fallecido, pero son, en su mayoría, los sobrevivientes de la violencia.

La suma de agresiones fatales y no fatales asciende a 220 al día. En 12 años, según las estadísticas, la dinámica de la violencia ha normalizado la gravedad y la magnitud de la tragedia.

Y no sólo es la normalización que genera una actitud de resignación o apatía frente a la violencia sino, más grave aún, la normalización que se advierte en la creciente tendencia a resolver incluso diferencias cotidianas de manera violenta.

Los medios informan recurrentemente de balaceras o agresiones suscitadas por incidentes de tránsito, discusiones en un restaurante o altercados en un bar; situaciones que se podrían resolver mediante el diálogo y a veces se dirimían a golpes, hoy culminan en agresiones graves.

En un entorno enrarecido por la violencia y en el que es frecuente que se recurra al fácil expediente de que tal homicidio o balacera se debió a ajustes entre bandas, parece abrirse un espacio de permisividad para resolver disputas, discusiones y hasta problemas familiares mediante el recurso inadmisible del ataque directo o el encargo homicida.

Por ello, más allá del proceso legislativo en torno a la Guardia Nacional, es absolutamente indispensable que las autoridades estatales y municipales asuman su responsabilidad en la recuperación de la seguridad pública. Y que, además de las funciones preventivas o de vigilancia, se ponga énfasis en restañar el sistema de justicia, lo que implica la renovación de capacidades y actitudes en las agencias del Ministerio Público y en los tribunales.

Es indispensable impedir la percepción de que puede ejercerse impunemente la violencia y que sus métodos son recurso implícitamente consentido.

Llama la atención encontrar los datos de heridos por cuchillo o bala en los boletines de un sistema que concentra datos de enfermedades transmisibles y otros problemas de salud pública.

Pero ni es raro ni está fuera de lugar porque es en los centros de salud donde pueden registrarse estos datos y porque la violencia suele comportarse como una cruenta epidemia.

Cortesía de EL HERALDO DE MÉXICO

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