Los hechos de la semana pasada en Michoacán, Guerrero y Sinaloa generaron un debate público con una gran diversidad de enfoques y posturas, lo que siempre será sano y, sin duda, es mejor que la apatía o el desdén, en tanto que se conserve el indispensable principio de unidad que el país requiere.

Podemos tener desacuerdos y divergencias. Y los tenemos. Para bien, porque de las ideas que se colocan sobre la mesa depende la calidad de nuestras decisiones como país.

Lo que no debe ponerse en duda ni en riesgo es la unidad de mexicanas y mexicanos. Estamos en una circunstancia compleja, producto de más de 12 años de una violencia que se ha introducido en nuestra vida cotidiana, que todos los días nos cuenta relatos de terror y crea en nuestra percepción una alerta permanente.

Dos administraciones federales han transcurrido. Y ninguna de las dos, ni la que inició esta batalla ni la que la continuó, atemperaron la violencia más que por periodos cortos. Ambos gobiernos lograron aprehensiones relevantes, pero no pudieron descifrar la dinámica ni el entramado que permitiera atender múltiples causas, facetas ni consecuencias de una criminalidad más armada y cruel, y de un sistema de procuración de justicia atrofiado, de una corrupción extendida y de fenómenos nuevos que la propia batalla fue generando.

Cada uno de estos gobiernos tuvo que entregar al siguiente un país adolorido, con cientos de miles muertos, de desaparecidos y desplazados y con una alta proporción de su población, 80%, que declara, desde hace una década, sentirse insegura.

El gobierno federal actual, y los estatales y los municipales, herederos de este saldo atroz, así como las corporaciones militares y policiales tienen una gran responsabilidad, tan enorme como irrenunciable, a la que deben hacer frente. Es fundamental el respaldo y respeto que debemos brindar todos a las Fuerzas Armadas (militares, marinos y fuerza aérea, así como a las corporaciones policiacas) que todos los días combaten a la delincuencia.

Nos corresponde respaldar lo que nos parezca adecuado y señalar lo erróneo o insuficiente, pero siempre unidos. Los enemigos de México son aquellos que nos arrebatan la paz y quieren imponer la violencia como norma de nuestra lastimada convivencia.

Mantenernos unidos requiere reconocer que nos necesitamos e implica apoyar a quienes ponen en riesgo su vida para proteger la nuestra; mantenernos unidos incluye no culparnos mutuamente ni descalificar los esfuerzos de pacificación institucionales o personales; mantenernos unidos es tener presente que no hay heroicidad en el delito y no hay modelo a seguir en el delincuente; es condenar la violencia, honrar a los agentes del Estado caídos y hacer un solo frente de manifestación y expresión ante la delincuencia extrema.

Y, además, cuidar nuestra propia conducta, porque en tiempos como éstos, cada uno de nosotros debe ser un agente de paz.

 

– Disparemos a los migrantes en las piernas cuando estén cruzando la frontera.

– Sería ilegal, señor.

– Entonces hay que poner un foso lleno de serpientes y caimanes.

– En general, no sería bien visto.

– ¿Y qué tal electrificar el muro para que se electrocuten los que quieran brincarlo?

– Sería un poco inhumano, señor.

– Pinten de negro todos los tramos de muro para que absorban el calor y los migrantes se quemen al tocarlo.

– El costo por cada milla aumentaría en un millón y medio de dólares, señor.

Este despliegue de imaginación es de Donald Trump, de acuerdo con Guerras fronterizas: en el interior del asalto de Trump a la inmigración, de los periodistas de The New York Times, Michael Shear y Julie Davis.

Tiene más ideas brillantes contra la migración que todos sus asesores juntos. Pero él ha dicho que no, que la prensa se ha vuelto loca, porque él es duro, “pero no tanto”.

La imaginación podría ser de los periodistas, pero Trump tiene antecedentes, como cuando dijo que los soldados deberían dispararle a los migrantes que arrojaran piedras, o que EU “no debería recibir inmigrantes de esos países de mierda, sino de Noruega”.

O cuando separó a 4 mil niñas y niños de sus padres, de los cuales, a pesar de la orden de un juez, siguen sin ser reunificados unos 900. O cuando suspendió el programa DACA, que amparaba a 750 mil jóvenes indocumentados. O cuando ordenó redadas masivas, supuestamente en contra de migrantes criminales, pero el mismo ICE informa que sólo la tercera parte de los detenidos en redadas tiene antecedentes penales.

Ordenó que los patrocinadores de quienes han obtenido la residencia o la nacionalidad paguen por los servicios de salud que hayan recibido sus patrocinados. Quiere que paguen. Bueno, nada más que la documentación está en papel, resguardada en una instalación subterránea en una zona de cuevas de Kansas City. Se dice que son más de 20 millones de ficheros y cada año se suma un millón y medio más. Pero Trump ha dicho que lo quiere todo listo el 3 de noviembre.

Y ahora va también contra quienes quieren migrar legalmente a EU: o demuestran que están asegurados o que pueden pagar sus servicios médicos, o no hay visado para aspirantes a residentes.

Y ha ido quitando a organizaciones no lucrativas el cuidado de los niños migrantes para encargárselos a contratistas privados, a uno de los cuales ya pagó 300 millones de dólares en 2019. Ha dicho, que “año tras año miles de estadounidenses son asesinados por extranjeros ilegales.”

Se puede concluir que las medidas que los periodistas atribuyen a Trump coinciden con sus empeños xenófobos.

Si nadie actúa, lo haremos nosotros. No somos simples jóvenes que se saltan las clases. Somos la vía para el cambio. Juntos somos imparables.

Greta Thunberg

Hay 108 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria por el cambio climático.

Y si no actuamos, en 2050 serán 200 millones los afectados, según cifras del Informe 2017 de la Federación de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

Y para finales de siglo, si seguimos con la mayoritaria actitud destructiva, apática o contemplativa, el mundo presenciará un desastre.

El fin de siglo no está lejos: ya nacieron millones que lo vivirán. Pero aunque no fuera así, nuestro egoísmo no puede llevarnos a calcular si en lo personal sufriremos el cataclismo.

Ya fuimos muy irresponsables al creer que el progreso industrial, los métodos de producción masiva y la sociedad de lo desechable eran inocuos. Entonces quizá nos justificaba la ignorancia. Pero ya hace tiempo que lo sabemos: estamos propiciando el cambio climático.

Eso significa un adelanto de una visión apocalíptica y probable: más nivel de calentamiento, mayores temperaturas medias, deshielo de los polos, aumento de los niveles del mar. Aliento a una dinámica de destrucción del medio ambiente, encadenamiento de una devastación inimaginable.

Todos contribuimos a la generación de gases de efecto invernadero. Algunos lo hacen a lo bárbaro: China aporta 30 por ciento, Estados Unidos 15, la Unión Europea 9, India 7, Rusia 5, Japón 4, y el resto de los países 30 por ciento.

Estados Unidos abandonó desde hace dos años el Acuerdo de París, orientado a la colaboración global para frenar el aumento de los gases invernadero y poner un alto al incremento de la temperatura en el mundo.

Por decisión de Donald Trump no sólo se evaporó el compromiso de nuestro vecino de reducir su emisión de gases en 28 por ciento para 2025, sino que obtuvimos a cambio la certeza de que el segundo país más contaminante del mundo oficializa su indiferencia, y, por lo tanto, valida, alardea y anuncia que dará libre marcha a su capacidad destructiva.

Por eso y por muchísimas razones más, el viernes pasado cuatro millones de personas, en su mayoría jóvenes, se manifestaron en más de 150 países para demandar responsabilidad y acción de los líderes del mundo.

Lo hicieron en la víspera de la Cumbre sobre la Acción Climática que se realizará hoy en Nueva York, en la que la ONU espera detallar acciones concretas para implementar el Acuerdo de París.

En la cumbre, 19 países presentarán nueve proyectos para contrarrestar desde muy diversos frentes el calentamiento global. Urge.

Los jóvenes lo dicen más claro: el viernes, adolescentes que se manifestaban en Washington portaban dos consignas rotundas: Una: “No hay planeta B”. Y otra: “Esto no puede esperar hasta que termine la secundaria”.

Niñas, niños y adolescentes tal vez sean las víctimas menos visibles de la violencia que nos agobia desde hace más de 12 años, pero seguramente son las más dolorosas e inquietantes.

En otros tiempos, nuestra niñez y adolescencia sólo excepcionalmente eran víctimas del delito, pero ahora son arrastradas sin ninguna consideración por el río de la violencia.

Van en ese caudal primero como víctimas ocasionales, pero cada vez más como víctimas intencionales. Niños y adolescentes, incluso bebés, son ahora destinatarios de venganzas y ajustes de cuentas, lo que nos ha llevado al indeseable promedio de entre tres y cuatro homicidios de niñas y niños cada día.

Infortunadamente, van también en esa corriente como victimarios que, en su caso, es otra forma de ser víctimas.

Desde 2017 a la fecha, el Ejército, la Policía Federal, la Marina y la Fiscalía General de la República han detenido en operativos contra el crimen organizado a 9 mil 385 niñas, niños y adolescentes (El Universal, 19 de agosto y 5 de septiembre de 2019).

Por la fuerza, mediante engaños o deslumbrados por el pago pronto y por la ilusión de formar parte de algo, niños y adolescentes son incorporados o se suman a organizaciones delictivas y se adentran en territorios de los que casi nunca hay retorno.

De las ilusorias alturas se precipitan al abismo: del halconeo en calles y carreteras a la vigilancia de lugares del delito; de la extorsión a la agresión; del tráfico de drogas, armas y personas al secuestro y al homicidio; del tiroteo a ciegas a la ejecución a sangre fría. De halcón a sicario puede haber un largo trecho o sólo un paso.

Más allá de los 800 niñas y niños que viven en prisión porque allí nacieron y allí viven con sus madres, normalmente la población de los centros de tratamiento e internamiento de adolescentes es de 2 mil 500. Y un número similar entra y sale cada año de estos lugares.

Hay testimonios de niños que fueron reclutados a los 10 u 11 años, de otros que fueron coaccionados para sumarse al delito y de otros que se ilusionaron con el poder, la aventura y el dinero. Muchos de ellos coinciden en que prefirieron optar por una vida abundante y corta, en lugar de una larga y de carencias.

En algún momento de nuestros años de violencia se tergiversaron valores, referencias y aspiraciones. Pero podemos recuperar su sentido original mediante un profundo compromiso con nuestros hijos e hijas, y con las hijas y los hijos de todos.

En tanto se logra el restablecimiento de la paz que tanto queremos, tenemos la obligación de impedir que nuestra niñez siga siendo arrastrada por el caudal de la violencia.

Nadie, y menos nuestros niños, niñas y adolescentes, merecen formar parte esta tragedia. Nunca más víctimas ni victimarios.

La responsabilidad es nuestra. Está en nuestras familias, casas, escuelas, y en cada rincón de nuestra sociedad.

Porque cada día se mata a ocho mujeres en México.

Porque todos los días hay violaciones.

Porque desde niñas deben estar alertas y vivir con miedo.

Porque las asfixia la impunidad y las condena la indiferencia.

Porque se les agrede en la casa, la escuela, el trabajo, la calle, el transporte.

Porque es cotidiana la presión, el acoso, la exclusión.

Porque se les impide ejercer sus derechos y algunas no pueden ni mencionarlos.

Porque cuando acuden a las instancias de procuración de justicia padecen escarnio, burlas, incredulidad, morbo y maltrato.

Porque su integridad física enfrenta retos extremos. Porque se les discrimina.

Porque se les exige silencio.

Porque se les llama al orden en cuanto alzan la voz. Porque no pueden vestir como quieran.

Porque se les reclama que caminen de noche. Porque si algo les pasa tuvieron la culpa.

Porque las instancias de justicia les responden con injusticia.

Porque no se cree lo que denuncian. Y porque las pruebas siempre son insuficientes.

Porque corren riesgo en todas sus edades y condiciones.

Porque después de la violación tienen que contarlo todo una y otra vez. Veamos si caen en contradicción.

Porque aun cuando exista constancia de la agresión hay quien se solidariza con el victimario y acusa a la víctima.

Porque siempre hay rezago en el goce y ejercicio de sus derechos y cada avance es lento y tortuoso.

Porque desde siempre han tenido que arrebatar los derechos que son suyos.

Porque se les mata con arma blanca, cuerdas, manos y golpes.

Porque hay quien alega que se lo merecen. Porque sobre la agresión cae una lluvia de insultos de género. Porque ante la igualdad de la ley, las mujeres son menos iguales.

Porque se les vende como mercancía y en muchos casos la venta es diaria y múltiple, esclavitud y muerte lenta.

Porque cuando acuden a dar cuenta de amenazas, la justicia las regresa a casa y les exige evidencias o hechos consumados.

Porque cuando la amenaza se materializa siguen faltando evidencias.

Porque muchas madres y padres les enseñan miedo, desigualdad y sometimiento.

Porque la sociedad les pide prudencia, precaución y resignación. Porque no pueden caminar seguras ni en paz sin que alguien se sienta con derecho a seguirlas, insultarlas, tocarlas.

Porque estamos llegando al fondo y son pocas las voces de alarma. Porque la mayoría social es insensible a los abusos, los delitos, la violencia en su contra.

Porque importan más los vidrios rotos, los monumentos grafiteados, las paredes manchadas.

Porque cualquier sinrazón es buena para descalificar su lucha.

Porque todos tenemos madre, hermanas, compañeras de vida, hijas. Y sin embargo callamos.

Porque hasta “los buenos” nos dedicamos a esperar que la violencia contra las mujeres se detenga sola, por inercia.

Porque al tiempo que nos llenamos de cifras, de sangre y de luto, nos vamos convirtiendo en cómplices de silencio. Por eso.

Donald Trump actúa como si no supiera que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas en el mundo y que es el principal exportador de armas legales e ilegales.

En ese marco dice muy serio y sin rubor que retirará certificaciones a México si no percibe de parte de nuestro país “un aumento en los esfuerzos antinarcóticos durante los próximos 12 meses”.

Habituado a erigirse en juez de primera y última instancia, Trump advierte, evalúa y dictamina. Por eso fue necesario y oportuno que la Secretaría de Relaciones Exteriores le recordara que “las metas de reducción del uso de narcóticos no siempre son cumplidas por los países de la región” y que a México le preocupa el tráfico de armas de alto poder, principalmente de Estados Unidos.

Son dos apuntes esenciales para la comprensión y atención del narcotráfico en la región. Sin el alto consumo de estupefacientes por parte de los estadounidenses, y sin la enorme cantidad de armas que venden de manera ilegal hacia México, el desafío de nuestro país de impedir el trasiego de drogas sería de otra dimensión y no nos costaría tantos recursos y, sobre todo, tanta inseguridad y muerte.

Estados Unidos exige que México aumente sus esfuerzos para contener el tráfico de drogas, pero no se compromete a disminuir las adicciones, a combatir el narcomenudeo ni a frenar el contrabando de armas.

Esto es lo que no quiere ver Trump: que pagamos un alto costo humano y económico por tratar de detener aquí lo que se consume allá. Y que 70 por ciento de las armas que se recuperan en escenas del crimen aquí, proceden de allá.

Hace unos días, el canciller Marcelo Ebrard subrayó que el tráfico de armas de asalto de Estados Unidos a México aumentó en 122 por ciento, en tanto que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EU calcula que el flujo de armas ilegales a territorio mexicano es de 200 mil cada año.

Eso implica que en los recientes 10 años, han entrado al país dos millones de armas estadounidenses ilegales, de las que, en ese mismo periodo, se han recuperado 332 mil, 58 por ciento por parte de autoridades federales, estatales y municipales y 42 por ciento en la campaña permanente de Canje de Armas.

Según estas cifras, hay más de millón y medio de armas ilegales en el país, probablemente en manos de criminales.

En contraste, las armas que entraron legalmente en ese mismo lapso fueron 468 mil 737, de las cuales (números cerrados) 18 mil fueron adquiridas por las Fuerzas Armadas, 228 mil por gobiernos estatales, 77 mil por otras dependencias, 113 mil por personas físicas y 32 mil por personas morales.

México ha enfatizado más de una vez la responsabilidad de Estados Unidos en su extrema laxitud en la venta de armas y, especialmente, en su indiferencia respecto del contrabando de éstas hacia nuestro país.

Por ahora parece improbable que el gobierno estadounidense responda a este llamado, sobre todo a la vista de la sujeción que caracteriza la relación entre la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y Donald Trump, quien a fuerza de pulsar el poder de la Asociación y del apoyo financiero/electoral que le brinda, ha renunciado a promover la verificación de antecedentes de los compradores de armas, se ha llamado a sí mismo “el mayor defensor de la segunda enmienda” y se ha comprometido a garantizar que “las muy fuertes posiciones” de la NRA sean respetadas y escuchadas.

Si no les importa establecer restricciones a la venta de armas, menos les interesará impedir su venta ilegal hacia México. Pero habrá que seguir insistiendo porque no hay duda de que se trata de un tema de corresponsabilidad.

Es cierto, son cárteles mexicanos muy bien armados los principales introductores de droga a Estados Unidos, lo que no nos enorgullece. Pero también es cierto que son estadounidenses quienes les compran las drogas y quienes les venden las armas.

 

La semana pasada se vivió en el municipio de Cohuecán, Puebla, una frenética jornada en la que pobladores lincharon a siete presuntos secuestradores. La tragedia se consumó a lo largo de horas, incluso cuando ya estaban en el lugar más de 140 elementos de seguridad del estado y de la Guardia Nacional.

Aun cuando hubieran sido culpables, esta no debió ser, no debe ser en ningún caso, una vía de supuesta justicia.

Los linchamientos son violencia masiva ejercida por quienes se erigen en tribunal para sentenciar y ejecutar de inmediato, con la pretensión de justicia urgente.

En su Informe Especial sobre Linchamientos en Territorio Nacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destaca que no hay cifras oficiales, lo que implica, agrego, que un grupo de personas asesina a otra(s) en plena calle, a la luz del día, por decisión sumaria, y las autoridades locales no lo registran, como si tal hecho no representara la instalación de la barbarie.

Sin cifras oficiales, la CNDH realizó una investigación hemerográfica y encontró que de 2015 a 2018 ha habido 336 casos de linchamiento con 565 víctimas (523 hombres y 38 mujeres), de las cuales perdieron la vida 121, dos de cada 10, mientras que las restantes 440 fueron rescatadas por las autoridades o liberadas por sus retenedores en deplorables condiciones. De 2017 a 2018 el incremento en el número de casos fue de 60 a 174, y en los primeros cinco meses de este año se registraron 67, algunos con víctimas mortales.

Atención: estos son homicidios ejecutados por no asesinos, por personas normales, por gente que al día siguiente volverá a sus actividades diarias como si nada hubiera sucedido.

Ni el hartazgo ni el miedo ni la demanda de justicia y menos el deseo de venganza pueden justificar el linchamiento. Si aceptamos la justicia por propia mano, todos asumiríamos el derecho de ejercerla al sentirnos agraviados o amenazados. Es fácil imaginar, en esa hipótesis, el atroz imperio de la anarquía.

Si hoy docenas o cientos de personas creen que tienen el derecho de retener a un sospechoso y de masacrarlo porque es justo o porque dicen actuar en defensa propia, y si por omisión o incompetencia lo permitimos, estaremos validando el derecho a matar. En esa lógica, pronto el ladrón, el sicario, el líder criminal, alegarán también que el homicidio es una forma de hacer justicia. Y todos podríamos sentirnos justicieros. Cada quien desde su óptica, su interés, su resentimiento o su desesperación.

Los linchamientos no son justicia sin ley porque en un Estado de Derecho no puede haber justicia sin ley y porque sencillamente no son justicia.

Si toleramos los linchamientos, estaremos fomentando la expansión de la violencia a través de una potencial cadena de venganzas.

Es indispensable reconstruir el Estado de Derecho y hacerlo valer.

Las víctimas de trata en México se estiman en decenas de miles. No parecen muchas en un país de más de 100 millones de habitantes. Pero cuando hablamos de trata no es cuestión de cifras comparativas ni de porcentajes, sino de vidas que no podemos abandonar a la indignidad y el sufrimiento de la esclavitud.

Es cierto, tenemos desafíos que nos exigen concentración y una gran dosis de energía. Sin embargo, esos grandes temas no deben hacernos olvidar la atención que como sociedad debemos de ponerle a la trata de personas.

La trata es inaceptable y su persistencia revela nuestros vacíos. La palabra libertad será siempre discurso mientras haya personas sometidas y obligadas a convertirse en mercancía de lucro reiterado o en trabajador forzado, esclavos de una voluntad criminal.

Tanto el Diagnóstico sobre la Situación de Trata de Personas 2019, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como el Reporte sobre Trata de Personas 2019 de la Oficina de Asuntos Políticos de la embajada de Estados Unidos en México ratifican que en cuanto a trata nos falta mucho por hacer en materia de prevención, de identificación de víctimas, de protección, asistencia psicológica y legal, reinserción social, procuración de justicia, armonización de legislaciones estatales con la Ley General, capacitación a servidores públicos y un largo etcétera.

La CNDH detectó que de junio de 2012 a julio de 2017, las autoridades iniciaron 2 mil 701 averiguaciones previas o carpetas de investigación por algún delito contemplado en la Ley General en Materia de Trata de Personas (seguramente la cifra negra es mucho mayor).

De las 5 mil 245 víctimas posibles, 85 por ciento son mujeres. Una de cada cuatro víctimas es niña o niño. Y ocho de cada 10 son de nacionalidad mexicana.

De las investigaciones, 858 (31 por ciento) han terminado en sentencias: 296 absolutorias y 562 condenatorias, que alcanzaron a 790 tratantes. No hay que desestimar ningún logro, pero es claro que todas estas cifras son bajas respecto de la magnitud y gravedad del delito.

La prevención y el combate a la trata siempre será importante y urgente. Su atención exige un impecable desempeño gubernamental y del sistema de justicia y una gran participación social. Basta imaginar la pesadilla de ser agredido en nuestro círculo familiar por esta infamia para entender que no podemos ser indiferentes a la existencia de la trata.

Hay que alertar bien y a tiempo para evitar que más personas, sobre todos mujeres y hombres jóvenes, caigan en las redes de la trata; actuar decididamente para rescatar a las que ya son víctimas y trabajar con sensibilidad y acierto para su reinserción social.

Cada persona recuperada nos hará, como individuos y como sociedad, dignos merecedores de la libertad que gozamos.