La semana pasada se vivió en el municipio de Cohuecán, Puebla, una frenética jornada en la que pobladores lincharon a siete presuntos secuestradores. La tragedia se consumó a lo largo de horas, incluso cuando ya estaban en el lugar más de 140 elementos de seguridad del estado y de la Guardia Nacional.
Aun cuando hubieran sido culpables, esta no debió ser, no debe ser en ningún caso, una vía de supuesta justicia.
Los linchamientos son violencia masiva ejercida por quienes se erigen en tribunal para sentenciar y ejecutar de inmediato, con la pretensión de justicia urgente.
En su Informe Especial sobre Linchamientos en Territorio Nacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destaca que no hay cifras oficiales, lo que implica, agrego, que un grupo de personas asesina a otra(s) en plena calle, a la luz del día, por decisión sumaria, y las autoridades locales no lo registran, como si tal hecho no representara la instalación de la barbarie.
Sin cifras oficiales, la CNDH realizó una investigación hemerográfica y encontró que de 2015 a 2018 ha habido 336 casos de linchamiento con 565 víctimas (523 hombres y 38 mujeres), de las cuales perdieron la vida 121, dos de cada 10, mientras que las restantes 440 fueron rescatadas por las autoridades o liberadas por sus retenedores en deplorables condiciones. De 2017 a 2018 el incremento en el número de casos fue de 60 a 174, y en los primeros cinco meses de este año se registraron 67, algunos con víctimas mortales.
Atención: estos son homicidios ejecutados por no asesinos, por personas normales, por gente que al día siguiente volverá a sus actividades diarias como si nada hubiera sucedido.
Ni el hartazgo ni el miedo ni la demanda de justicia y menos el deseo de venganza pueden justificar el linchamiento. Si aceptamos la justicia por propia mano, todos asumiríamos el derecho de ejercerla al sentirnos agraviados o amenazados. Es fácil imaginar, en esa hipótesis, el atroz imperio de la anarquía.
Si hoy docenas o cientos de personas creen que tienen el derecho de retener a un sospechoso y de masacrarlo porque es justo o porque dicen actuar en defensa propia, y si por omisión o incompetencia lo permitimos, estaremos validando el derecho a matar. En esa lógica, pronto el ladrón, el sicario, el líder criminal, alegarán también que el homicidio es una forma de hacer justicia. Y todos podríamos sentirnos justicieros. Cada quien desde su óptica, su interés, su resentimiento o su desesperación.
Los linchamientos no son justicia sin ley porque en un Estado de Derecho no puede haber justicia sin ley y porque sencillamente no son justicia.
Si toleramos los linchamientos, estaremos fomentando la expansión de la violencia a través de una potencial cadena de venganzas.
Es indispensable reconstruir el Estado de Derecho y hacerlo valer.