Para atender a las víctimas del delito, el Gobierno mexicano ha gastado más en redes sociales, campañas publicitarias y software que en apoyos económicos directos para atender las problemáticas de las personas afectadas por la trata de personas, el narcotráfico, el secuestro y la desaparición de familiares.

Creada en 2011, en el sexenio de Felipe Calderón, como la máxima instancia para atender a las víctimas de la violencia, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV, entonces Províctima) ha gastado más en servicios para sus propias oficinas y funcionarios que en la compensación del daño a las personas afectadas por la violencia a lo largo del país. Eso muestra su historial en Compranet, el sitio en el que el Gobierno publica sus contratos, contrastado con las cifras del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), instituido en 2014.

A marzo de 2018, la comisión tuvo un gasto de 638 millones 191 mil 295 pesos, mientras que se erogaron 360 millones de pesos con cargo al FAARI que beneficiaron apenas a 706 víctimas –el 4.5 por ciento de la 15 mil 525 inscritas en el Registro Federal de Víctimas (Refevi)–. Así, el presupuesto destinado al CEAV es más del doble que el dinero canalizado a las mujeres y hombres afectados por los delitos. La creación del FAARI fue precisamente el argumento en 2014 para otorgarle más fondos a la CEAV.

Con información de SIN EMBARGO