Con el objetivo de contribuir a impulsar a la economía mexicana en el segundo semestre del año, la Secretaría de Economía (SE) dispersará recursos a través de más de 350 mil Tandas para el Bienestar, programa de créditos a la palabra dirigidos a pequeños negocios.
La titular de la SE, Graciela Márquez Colín, apuntó que hay muchos programas gubernamentales que no han podido dispersar recursos, y en el caso de la dependencia a su cargo lo hará a través de las Tandas para el Bienestar.
“Estamos en la dispersión de más de 350 mil Tandas para el Bienestar”, agregó en entrevista tras el lanzamiento de la nueva plataforma de servicios digitales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
“Tandas para el Bienestar” es un programa del gobierno federal de créditos a la palabra, es decir que no te cobran intereses y está dirigido a pequeños negocios como talleres, tiendas u otro tipo de actividades productivas.
Márquez Colín subrayó que hay otros proyectos o programas que ya están en curso o se van a llevar a cabo, los cuales contribuirán a la dispersión de recursos.
Mencionó que entre ellos están proyectos de infraestructura, además de la buena proyección de crecimiento de la extracción de petróleo con las nuevas exploraciones que ha hecho Petróleos Mexicanos (Pemex).
A esto, indicó, se suman las medidas para impulsar a la economía que anuncio hace unas semanas la Secretaría de Hacienda, como créditos del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) o medidas por 50 mil millones de dólares en proyectos infraestructura.
Por otra parte, la dependencia descartó que se vaya a generar un caos en las aduanas fronterizas por el requisito de Estados Unidos para inspeccionar el tomate mexicano, pues “tenemos espacio para no generar ese problema que hemos tenido en el pasado”.
Uno de los requisitos del Departamento de Comercio de Estados Unidos para eliminar el arancel de 17.5 por ciento al jitomate fue inspeccionar la calidad en 92 por ciento de las exportaciones de la hortaliza.
La funcionaria federal comentó que la resolución final del acuerdo tiene un periodo de revisión de 30 días; tiempo que utilizará el gobierno mexicano para encontrar la mejor solución a las inspecciones.
Con información de NOTIMEX