La nueva política de apoyo al campo, que pretende impulsar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, está llena de claroscuros, pues si bien busca reorganizar el sistema para ayudar a los productores que realmente lo necesitan, la forma en la que se llevará a cabo tiene muchas inconsistencias, indicaron expertos en política económica y social.

Rodolfo de la Torre, director especialista en desarrollo social con equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), consideró positivo el hecho de que se busque entregar apoyos a los productores con base en información georreferenciada; es decir, a través de fotografías satelitales que miden la extensión de los territorios y dependiendo de ello se entreguen los recursos.

“Este mecanismo es riguroso y es benéfico porque se va a eliminar a una serie de productores que declaraban tener más extensión de lo que tenían y no había manera de verificarlo. Algunos de estos productores son los que se están viendo afectados y se están manifestando”.

Anteriormente, el eje de la política del campo se hacía a través de Procampo, programa que ofrecía apoyo social a los productores dependiendo de la extensión de la tierra y sin importar lo que producía.

Después se sustituyó por Proagro, donde se pedía justificar a los productores el uso de los beneficios monetarios que recibían. Sin embargo, dicho programa de subsidios tenía diversas inconsistencias en el padrón de beneficiarios, incluso se llegaron a encontrar nombres de políticos y de familias relacionadas con actividades de delincuencia.

El especialista del CEEY comentó que la nueva política de López Obrador consiste en establecer un límite en las extensiones de tierra para dar beneficios.

En el caso de los productores de tierra de riego, el máximo es hasta 6 hectáreas, antes se podía llegar hasta 100, y en el caso de tierras de temporal es hasta 20 hectáreas.

“Esto significa que están recortando el padrón, donde muchos terrenos eran del sector privado y ahora que ya no van a recibir el subsidio se está reflejando en las manifestaciones en San Lázaro. No son los pequeños productores los que vienen a manifestarse, sino productores de un tamaño intermedio que van a quedar fuera del padrón”.

De la Torre indicó que por el lado negativo está, precisamente, la construcción del censo de beneficiarios a los nuevos apoyos para el campo.

“Lo malo de esta nueva política de apoyo al campo es que no está bien construido el padrón, entonces, se pueden colar personas que no necesariamente sean merecedoras de los apoyos o del monto que se está pensando”.

Otro aspecto negativo es el programa de precios de garantía, el cual consiste en garantizar un precio al productor del campo por lo que produce, lo que implicaría que el productor se mantenga en una zona de confort y no mejore su producción con tal de seguir dentro del grupo de beneficiarios.

“Se beneficiará más a los más productivos en lugar de aquellos que necesitan mejorar sus condiciones de producción para alinearse con los otros”.

Faltó una estrategia más integral

José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, mencionó que hizo falta una estrategia más integral por parte de la nueva administración para que se pudieran dar apoyos con base en las deficiencias de cada sector.

Desde su perspectiva, existen dos realidades muy diferentes en el sector del campo. Por un lado, están aquellos grupos del sector agricultor que han logrado tener un impacto importante en las exportaciones hacia Estados Unidos.

“Es un sector altamente tecnificado donde se cuenta con los apoyos suficientes y que han encontrado en el mercado estadounidense un nicho de negocio muy importante, sobre todo de hortalizas, aguacate y algunos frutos”.

Por otro lado, existe una gran mayoría de pequeños productores poco tecnificados que no cuenta con un sistema de riego o apoyos y que, por tanto, necesitan otros esquemas de apoyo.

Para Alfredo Elizondo, coordinador general de Gesoc, organismo que realiza el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales, la mayoría de los programas que se encuentran en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ha sido poco transparente, con un nivel de desempeño muy bajo y que no ayuda a reducir la brecha entre los estados del norte con los del sur.

Con información de EL ECONOMISTA