La empresa estatal de electricidad de México ha estado comprando carbón de nuevas minas que aún no han sido visitadas por inspectores laborales, según un análisis de Reuters de contratos de ese combustible y registros de inspecciones, incluido un yacimiento donde murieron 10 personas en un accidente en agosto.

La ley mexicana no exige inspecciones laborales previas para minas que abastecen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero el siniestro en la mina El Pinabete destaca los peligros que enfrentan miles de mineros mal pagados que trabajan en pozos estrechos extrayendo carbón con taladros manuales y palas.

Muchos de estos yacimientos iban camino de la extinción hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su intención de “rescatar” tanto a la industria del carbón local como a la CFE.

En un intento por aumentar la independencia energética del país y combatir la desigualdad, el mandatario ordenó a la CFE comprar carbón directamente de los pequeños productores en el estado norteño de Coahuila, fronterizo con Estados Unidos, eludiendo el tradicional proceso de licitación.

Investigadores, activistas y políticos han criticado la política por falta de transparencia, por aumentar la producción de energía sucia y por impulsar las minas de carbón antiguas propensas a accidentes fatales.