La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recalificó su conclusión sobre el secuestro y matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en agosto de 2010, y subrayó que esos hechos constituyen “violaciones graves” a derechos humanos.
En un comunicado, la CNDH informó que “acordó hacer pública la información del expediente en que fueron privados de la vida 72 personas migrantes de distintas nacionalidades en el municipio de san Fernando, Tamaulipas por tratarse de violaciones graves a los derechos humanos”.
Señaló que “a pesar de tratarse de un asunto concluido que se encuentra en fase de cumplimiento, y que de origen no fue calificado como violaciones graves, atendiendo el principio de máxima publicidad y el interés de la sociedad en conocer la verdad de los hechos, se determinó recalificar los hechos que contiene el expediente como relacionados con violaciones graves.
Detalló que a partir de un análisis jurídico pormenorizado del contenido de la información del referido caso, “la CNDH determinó que los hechos están relacionados con “violaciones graves” a los derechos fundamentales de las 72 personas migrantes que, en un inicio, fueron secuestradas y posteriormente privadas de la vida por un grupo de hombres armados en San Fernando, Tamaulipas”.
El 25 de agosto de 2010 la CNDH radicó de oficio ese expediente y en su oportunidad emitió la recomendación 80/2013 al acreditarse violaciones a derechos humanos.
Se aclaró que de acuerdo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en ese momento, el organismo nacional reservó el acceso a la información al igual que la autoridad ministerial competente.
Pero “con base en el reciente análisis jurídico se ponderaron los criterios cualitativos y cuantitativos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció para determinar los casos en que ciertos hechos pueden ser considerados como ‘violaciones graves’ de los derechos humanos, por lo que el 20 de junio de 2017 la CNDH determinó que se actualizaban dichos criterios en el caso de las 72 personas migrantes en comento”.
El organismo explicó que el aspecto cualitativo se tuvo por cumplido al estimarse en esta nueva valoración que el entorno en el cual acontecieron los hechos coincidía con un patrón de eventos criminales que se suscitaron entre los años de 2008 a 2011 en el territorio mexicano y, particularmente, San Fernando, Tamaulipas.
En cuanto al criterio cuantitativo, dijo, se basa en distintos elementos específicos y se demuestran tanto por la gravedad de la violación a los derechos humanos, la intensidad y amplitud de la violencia infligida, así como por la generalidad, la frecuencia y la prolongación en el tiempo de estos lamentables hechos violatorios.
“En consecuencia, la CNDH acordó que, al reunirse ambos criterios, era procedente la determinación legal de recalificar estos hechos como ‘violaciones graves’ a los derechos humanos de estas víctimas, actualizándose así la excepción prevista en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente, consistente en que las ‘violaciones graves’ a derechos humanos no podrán ser reservadas”, por lo que ahora se difunde dicha información.
Otro efecto legal de este acuerdo emitido por la CNDH instruye notificar esta resolución a las víctimas, al procurador general de la República, Raúl Cervantes, y al gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en su calidad de autoridades competentes.
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