El juez federal Edwin Torres decidió hoy aplazar su fallo sobre la solicitud para extraditar al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, para el próximo 31 de agosto.
A esta conclusión llegó el magistrado puertorriqueno tras una audiencia de 90 minutos en la Corte del Distrito Sur de la Florida, sobre la petición del gobierno de Panamá cuya Corte Suprema de Justicia lo acusa de cuatro cargos, dos de escuchas ilegales y dos de peculado (malversación de fondos públicos).
Martinelli de 66 años, llegó esposado a la sala de corte y vistiendo uniforme de reo color caqui. Durante la audiencia lució de buen animo y se le observó con un amplio intercambio de palabras con sus abogados. Al final se despidió de copartidarios y prensa y les dijo: “Qué tal muchachos”.
Durante la cuarta audiencia desde el arresto de Martinelli el pasado 12 de junio, tanto la defensa como la fiscalía defendieron de nueva cuenta sus posiciones en cuanto a la retroactividad para los cargos de interceptación telefónica y de si se utilizó dinero público para la compra de equipos de vigilancia para definir si hubo peculado.
Marcos Jiménez abogado de la defensa insistió una y otra vez que el delito de “interceptación ilegal de comunicaciones” no está incluido en el Tratado de Extradición entre ambos países, que data de 1904, pero que forma parte de la “Convención de Budapest”, de crímenes cibernéticos, suscrita en 2004.
Jiménez también se refirió al equipo de espionaje utilizado por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) e indicó que no existen pruebas de que el equipo comprador la empresa israelí MLN Protección haya sido empleado en las escuchas.
Sobre al “software’ adquirido al NSO Group Techonolgies indicó no existen pruebas de que en esta compra se utilizaron dineros publicos, pero la fiscalía refutó que existe constancia de una licencia de usuario final a favor del estado. En total a ambas compañías se pagaron 21.4 millones de dólares.
Martinelli se encuentra preso desde hace más de dos meses en una prisión federal en los edificios cercanos a las cortes federales del centro de esta urbe, luego de que una petición de sus abogados para trasladarlo a otra falló.
El exmandatario que gobernó Panamá de 2009 a 2014, viajó a Estados Unidos en 2015 luego de que la Corte Suprema de su país abrió la investigación en su contra.
Panamá pidió su extradición a Estados Unidos en septiembre pasado, pero el expresidente ha combatido esa petición, al argumentar que no existen motivos legales y que las acusaciones en su contra están motivadas políticamente.
NTX