Jorge Triana -

Jorge Triana Tena/ @JTrianaT

Una dependencia federal contrata los servicios de una universidad estatal. Ésta a su vez decide subcontratar una empresa para que realice dicha encomienda. Irregularidades colman este proceso, desde el traslado ilegal de recursos como la retención de una comisión por parte de la institución educativa sólo por transferir un servicio que ni siquiera prestó.

Aunado al hecho de que una universidad pública prestó su honorabilidad para este turbio suceso, la empresa que debía realizar dichos servicios nunca existió. Esto es lo que han nombrado Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad como “La estafa maestra”.

Lo preocupante de la investigación es que no estamos ante un hecho aislado, sino delante de una práctica que se ha repetido de manera sistemática en diferentes sectores del gobierno y responde a un sólo nombre: corrupción.

La OCDE refiere a México como el país más corrupto entre sus 35 miembros, situación que, reconoce, ha obstaculizado el crecimiento económico del país.

Basta ver cifras de la investigación conjunta de MCCI y Animal Político, donde 11 instancias federales (entre ellas SEDESOL, BANOBRAS, PEMEX y FOVISSSTE) están involucradas en el traslado ilegal de 7 mil 760 millones de pesos de los que se detectó un desvío de 3 mil 433 millones. La Auditoría Superior de la Federación sólo se ha pronunciado al respecto: “es un claro acto de corrupción”.

Por todo lo anterior, cobra una imperiosa necesidad lograr que los sistemas anticorrupción a nivel local y federal queden plenamente articulados con instituciones que funcionen de manera efectiva. Urge conformar un verdadero aparato fiscal y de transparencia que ponga en orden la forma en que se utilizan los recursos públicos.

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