Todas las entradas de: Jorge Triana

Estudió la carrera de Derecho y la maestría en Políticas Públicas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Ocupó el cargo de director general de Desarrollo Social en la Delegación Miguel Hidalgo entre 2000 y 2003, desde ahí desarrolló el programa Faros del Saber, la red de bibliotecas delegacionales más moderna y funcional de la Ciudad de México. Se desempeñó como Diputado Federal entre 2003 y 2006, siendo coordinador de los diputados del Distrito Federal y Presidente de la Comisión Especial para la Reforma del Estado. Fue Diputado Local a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal del 2006 al 2009. Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN y Presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales. Entre 2009 y 2011 se desempeñó como Comisionado Federal Metropolitano de la Secretaría de Economía; coordinando diversos programas de fomento al empleo, de apoyo y desarrollo de pequeñas y medianas empresas, y de comercio exterior. De 2011 a 2013 ocupó el cargo de Jefe de la Unidad de Enlace Federal en la Secretaría de Gobernación. Desde ahí llevó la conducción de las relaciones del Gobierno Federal con los gobiernos de los estados y de los municipios, y con los organismos electorales y partidos políticos. Trabaja como abogado en su propio despacho de consultoría. Está dedicado a la implementación de políticas públicas, al desarrollo de proyectos de leyes y reglamentos, y a la innovación gubernamental. Actualmente es Diputado Federal por el distrito 10 de la Delegación Miguel Hidalgo en la Cámara de Diputados LXIII Legislatura presidiendo la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas parlamentarias

Libertades “de fábrica”

Uno de los grandes problemas que tenemos en el país en cuanto al marco normativo es que vivimos bajo un régimen prohibicionista de las libertades individuales, mismas de las que gozamos por el sencillo hecho de ser ciudadanos, los traemos “de fábrica”.

Esta misma semana, discutimos en la Cámara de Diputados reformas a la Ley General de Salud que permiten la objeción de conciencia a médicos y personal de enfermería para excusarse de participar en la prestación del servicio, siempre que no se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica.

Un derecho como la objeción de conciencia es algo que tenemos consagrado en el Artículo 24 de la Constitución Política, por ello, llama la atención que partidos que se autodenominan liberales quieran coartar la libertad de decidir de cada persona.

Por ejemplo, desde 2009 en la Ciudad de México existen dos derechos que cohabitan sin ningún problema: la interrupción del embarazo y la objeción de conciencia de los médicos y personal de salubridad. El resultado: el sistema de salud en la capital sigue su curso, no ha colapsado, ni va a colapsar.

Incluso, la objeción de conciencia rebasa el tema de salud, pues debe alcanzar al sector militar, aspectos tributarios y, como en algunos países, al voto.

Es decir, todos podemos hacer lo que queramos dentro de un marco legal en el que no atentemos contra la vida, la propiedad de otros o en perjuicio de alguien más, el Estado no tiene derecho de controlar la libertad de las personas, pues, viviendo en 2017, es imposible que se quiera legislar para impedir el pleno ejercicio de las libertades individuales.

Sin respuesta a #LaEstafaMaestra

Jorge Triana Tena/ @JTrianaT

Una dependencia federal contrata los servicios de una universidad estatal. Ésta a su vez decide subcontratar una empresa para que realice dicha encomienda. Irregularidades colman este proceso, desde el traslado ilegal de recursos como la retención de una comisión por parte de la institución educativa sólo por transferir un servicio que ni siquiera prestó.

Aunado al hecho de que una universidad pública prestó su honorabilidad para este turbio suceso, la empresa que debía realizar dichos servicios nunca existió. Esto es lo que han nombrado Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad como “La estafa maestra”.

Lo preocupante de la investigación es que no estamos ante un hecho aislado, sino delante de una práctica que se ha repetido de manera sistemática en diferentes sectores del gobierno y responde a un sólo nombre: corrupción.

La OCDE refiere a México como el país más corrupto entre sus 35 miembros, situación que, reconoce, ha obstaculizado el crecimiento económico del país.

Basta ver cifras de la investigación conjunta de MCCI y Animal Político, donde 11 instancias federales (entre ellas SEDESOL, BANOBRAS, PEMEX y FOVISSSTE) están involucradas en el traslado ilegal de 7 mil 760 millones de pesos de los que se detectó un desvío de 3 mil 433 millones. La Auditoría Superior de la Federación sólo se ha pronunciado al respecto: “es un claro acto de corrupción”.

Por todo lo anterior, cobra una imperiosa necesidad lograr que los sistemas anticorrupción a nivel local y federal queden plenamente articulados con instituciones que funcionen de manera efectiva. Urge conformar un verdadero aparato fiscal y de transparencia que ponga en orden la forma en que se utilizan los recursos públicos.

El SLA que tanta falta nos hace

La semana pasada venció el plazo para la implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA), mismos que tendrán por objeto la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

En efecto, debería estar operando a nivel nacional un ente autónomo que se encargará de evitar que a algún gobernador (ponga usted el nombre que prefiera) se le “pierdan” los recursos destinados a la educación, la seguridad pública, la salud, el desarrollo social, el campo o la infraestructura.

Pero, como de costumbre, la conformación de los sistemas no estuvo a tiempo, vaya, hay entidades que no tienen siquiera las reformas constitucionales correspondientes y, mucho menos, llevan prisa por establecer las bases legales que les permitan el desarrollo e implementación de sus respectivos Sistemas.

En el caso específico de la Ciudad de México, tenemos una reforma constitucional regular y, apenas un día antes de que terminara el plazo, la Asamblea Legislativa aprobó el paquete de leyes necesarias, esto de acuerdo con la información del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).

En cuanto a las mencionadas bases legales para la creación del SLA en la capital, hay que decir que aún quedan a deber en materia de transparencia y autonomía, asunto primordial para este órgano que tanto necesitamos para evitar otra línea 12 del Metro, obras inconclusas, pero con los recursos públicos ya ejercidos como el cine Cosmos y El Mexicanito, o que proyectos como la línea 7 del Metrobús se detengan por una empresa de publicidad que no obtuvo un permiso.

El combate a la corrupción debe estar entre las prioridades de todos los sectores de la sociedad, alejado de la “cuotas” de partidos y por encima de los “cuates” que forman parte de los mismos grupos de siempre, pues la corrupción está presente todos los días en la actividad económica nacional en los diferentes niveles de la población, lo que ha llevado a que el país retroceda en los principales indicadores internacionales anticorrupción.

Tan solo el año pasado, se estimó que tuvo un equivalente de 906 mil millones de pesos, lo que representó una media del cinco por ciento del Producto Interno Bruto.

Es decir, una correcta implementación de los Sistemas Anticorrupción representa también una gran oportunidad para México en todos los sentidos, pues no es cuestión de fe, sino de matemática pura, y creo que ya es momento de enmendar la plana.

Izquierda y Derecha, liberalismo

¿Está usted de acuerdo con tener libertad personal para que sus derechos humanos y sus decisiones sean respetados?
¿Está usted, apreciable lector, en favor de tener libertad económica, garantías de seguridad y justicia y del respeto a sus derechos de propiedad?
Lo anterior, conlleva una respuesta afirmativa, sin embargo, en las preguntas anteriores se estipulan ideologías tanto de derecha como de izquierda, prácticas por las cuales las personas pensarían que perteneces a uno de estos dos grupos políticos.
El reto consiste entonces en amalgamar ambas posturas en las que, a pesar de las diferencias, hay similitudes que permitirán generar un gobierno que respete las libertades sociales y las libertades económicas que todos debemos gozar.

De acuerdo con un estudio realizado por The Cato Institute, México se encuentra en el lugar número 70 de 180 países evaluados en cuánto a libertades económicas y sociales.

La lista la encabezan Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda y Chile, naciones que han logrado equilibrar ambos rubros para dar mejores condiciones de vida a los ciudadanos.

Reprobado en temas como la integridad de gobierno, nuestro país tiene los números más altos en cuanto a sus índices de corrupción, abuso de autoridad y de utilización de recursos públicos para el beneficio de particulares.

Sin embargo, México destaca en lo referente a la libertad de comercio y a la libertad monetaria, pues alcanza en el primer rubro hasta los 80 puntos de calificación, y 78.8 en el segundo.

Es decir, la unión de la izquierda y la derecha promete un escenario de desarrollo, preservación de los derechos humanos y ofrece llevar a la práctica las garantías que existen para los mexicanos solamente en el papel.

Dejando fuera los comentarios que auguran una unión meramente electoral, la suma de los puntos en que ambas corrientes se complementan, en conjunto con la adecuada negociación de las diferencias entre las mismas, contempla un proyecto donde todos los involucrados asuman costos compartidos, lo que supondría que exista un amplio margen de gobernabilidad y se eleve la calidad democrática denuestro país.

Morena y los videoescándalos que manchan el plumaje

Vaya que el líder de Morena se encuentra en una situación complicada, rodeado de un equipo que todos los días le mancha el plumaje.

De entrada, el más reciente escándalo protagonizado por la candidata de Regeneración Nacional a la presidencia municipal de Las Choapas, Eva Cadena, donde en un primer video recibe medio millón de pesos que llevaría al presidente de su partido; de inmediato la diputada local salió a decir que era inocente y le habían puesto una trampa.

Pero poco le duró el teatro, pues unos días después se dio a conocer un segundo video donde se observa que recibe diez mil dólares y 50 mil pesos en efectivo.

Como era de esperarse, Andrés Manuel aseguró que casi no conocía a su candidata Cadena, y la propia veracruzana tuvo que asumirse como la única responsable de la situación, que AMLO no tenía idea del manejo del efectivo y, de paso, que ella nunca había estado sola con él y que solamente lo había visto en un mitin.

Pero doña Eva no es la única que le ha dado dolores de cabeza al mesías de Macuspana por aparecer en video, pues quién no recuerda a su ex colaborador René Bejarano recibiendo, en 2004, grandes fajos de billetes de manos del empresario Carlos Ahumada.

En este mismo sentido, nos tocó ver a Carlos Imaz recibir, también del señor Ahumada, pacas de dinero que se llevó en bolsas del supermercado.

O qué tal su ex secretario de Finanzas, Gustavo Ponce, a quien, también en video, se le exhibió apostando en una mesa de juego en el casino Bellagio, en La Vegas, donde realizaba fuertes apuestas y, por qué no, dejaba propinas de hasta 800 dólares, y luego fue acusado de fraude, enriquecimiento ilícito y peculado.

Está después el delegado de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, quien fue captado en video ofreciendo efectivo a ciudadanos que debían acceder a unas tarjetas de apoyo, dinero que a nadie nos quedó clara su procedencia.

Por cierto, cabría pedir que el ex gobernador de Zacatecas aclare el tema de los contratos irregulares que entregó a los amigos de sus hijas, antes de querer contender por la Ciudad de México en 2018.

Hablando de Monreal, ¿se acuerdan ustedes, lectores, de Pedro Pablo de Antuñano? el director Jurídico y de Gobierno de la delegación que fue detenido con una caja con 600 mil pesos en efectivo; ese mismo que hacía fiestas que no tenía ni Obama.

Y la lista sigue con Delfina y el diezmo que cobraba a los trabajadores en Texcoco; con Cuitláhuac García y el apoyo recibido de Javier Duarte; con Nico, chofer de AMLO, ligado con asuntos de narcotráfico; con los Abarca; con Yeidkol Polevnsky y su extraña llegada a la Canacintra, etcétera. En Morena, pues, la honestidad valiente nada más no se hace presente.

T: @JTrianaT 

No necesitamos una alfombra nueva en San Lázaro

La polémica que a principios de año generó el #BonoNavideño de 150 mil pesos para los diputados, invitó a muchos de mis compañeros a rechazar que el incentivo les fuera depositado, tal es el caso de las bancadas de Morena y Movimiento Ciudadano, quienes, al no recibir el recurso, estarán costeando las remodelaciones de San Lázaro para este año.

Sucede que, aunque esas bancadas se negaron a cobrar la mencionada partida, el dinero se quedará en la caja de la Cámara y servirá, por ejemplo, para hacer pagos como los 8 millones de pesos que costó la renovación de la alfombra en el salón del Pleno, o los 5 millones que se destinaron al equipo para tratar agua.

La única forma en la que el bono se puede regresar al erario es haciendo un reintegro a la Tesorería de la Federación, por lo que, en congruencia con la situación financiera, política y, sobre todo, social por la que atraviesa nuestro país, solicité que se notifique a la institución la devolución que realicé hace unas semanas.

En total, la bolsa aprobada para la percepción decembrina fue de 75 millones de pesos, bajo el concepto de atención legislativa; sin embargo, considero que, aunque algunos de mis colegas lo destinaron a atender demandas urgentes de sus representados, fue una medida que no se solidarizó con el complejo escenario nacional por el que atraviesa México.

Además de continuar con las medidas de austeridad, demostrando que se puede hacer lo mismo con menos recursos, se debe trabajar para fortalecer las medidas de fiscalización de los recursos públicos, obligaciones de transparencia y rendición de cuentas y, por supuesto, en la recuperación de la confianza ciudadana.

Adicional al reintegro de mi percepción a la Tesofe, trabajo en una propuesta que reducirá los gastos innecesarios que hace el gobierno federal, entre ellos el de quitar plenamente el presupuesto público a los partidos políticos para que estos se financien de manera privada, con lo cual, la federación lograría captar en cada ejercicio fiscal los recursos correspondientes a este polémico rubro.

T: @JTrianaT

¿Legalizar el espionaje?

La iniciativa de Seguridad Interior presentada recientemente por diversos legisladores contempla, entre otras cosas, una actuación más permisiva de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, además de que dotaría de facultades exclusivas al, tan temido, Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).


Este último punto se refiere a que cualquier fuerza de seguridad pública federal podría realizar labores de vigilancia sin distingo en el método de recolección de información que prefiera
, ya sea por medio de la Intervención de comunicaciones privadas, la extracción de información, la geolocalización o por medio de la entrega de bases de datos.

Lo más peligroso de esto sería que el organismo podría realizar las mencionadas actividades sin que sea necesaria la emisión de una orden judicial, siendo que actualmente la ley exige que cuando el Ministerio Público considere necesaria la intervención de comunicaciones privadas para una investigación, solo el Titular de la Procuraduría General de la República, o alguno de sus delegados, así como los Procuradores de las entidades federativas, pueden solicitar  la autorización para esta práctica.

 

Tal modificación dejaría atrás el objeto del instituto, que es el de la “inteligencia”, para abrirle paso en materia de investigaciones que, de acuerdo con el artículo 21 Constitucional, le corresponden exclusivamente al Ministerio Público y a las policías.

A pesar de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ofreció aprobar esta ley antes de que termine el mes de abril, pues la calificó como una reforma urgente, primero debemos exigir que se presenten con claridad los alcances de la participación de las fuerzas armadas y, sobre todo, las actividades específicas en las que el CISEN tendría capacidad para intervenir.

La simple posibilidad de que esta iniciativa se apruebe, obliga a que se establezcan políticas de fortalecimiento y profesionalización de las instituciones de seguridad pública y de las fuerzas armadas, y que estos sean evaluados periódicamente para garantizar el respecto a los derechos y garantías individuales de todos los mexicanos.

 

Biblioteca

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional se creó en 1989 durante la gestión del Presidente Carlos Salinas de Gortari.

En 2004 durante el mandato del Presidente Vicente Fox Quesada, se ampliaron las facultades del Senado de la República para legislar en materia de Seguridad Nacional, y del Ejecutivo Federal para preservarla.

Posteriormente, en 2005, se publicó la Ley de Seguridad Nacional con lo que se dio inicio a una nueva etapa en el ámbito de la Seguridad Nacional al definir con claridad los alcances, límites y controles a los que está sujeto el CISEN, y al establecer los términos de la corresponsabilidad con que los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, actúan para preservar la seguridad de la Nación.

T: @JTrianaT

Una propuesta para ahorrar 4 mil mdp

En un escenario que demanda austeridad por parte del gobierno en todos sus niveles y de las instituciones y organismos que dependen financieramente de él, existe la posibilidad de ahorrar alrededor de 4 mil millones de pesos del presupuesto federal a través de una reforma al artículo 41 constitucional para eliminar el financiamiento público a los partidos políticos.

La propuesta contempla que la subsistencia de los partidos políticos en México dependa, como en la mayoría de los países del mundo, de las aportaciones de su militancia, y así, mediante su financiamiento a través de capital privado, la federación logre captar los recursos correspondientes derivado de un ejercicio de fiscalización.

Y es precisamente el tema de la fiscalización el que se deberá robustecer para implementar una medida como la anteriormente citada, pues, las instituciones encargadas deberán hacer una revisión exhaustiva de los recursos para determinar que estos sean de procedencia lícita.

El tema no es solo apretarse el cinturón de manera momentánea por el difícil contexto internacional en el que estamos insertos, sino, reparar la fuga de capital que representan los partidos para las finanzas públicas, como ejemplo pondré las cifras que se asignaron a algunos institutos políticos para el ejercicio 2017, donde al PRI se le destinaron $1,034,468,127; al PAN le correspondieron $782,225,377; al PRD $468,813,881; y a Morena $392,014,854.

La propuesta que ya se trabaja en el Congreso de la Unión contemplaría que solo al inicio de esta modificación, los partidos más pequeños reciban un apoyo económico para colocarlos en igualdad de posibilidades con los de mayor representación, posteriormente, que su permanencia dependa exclusivamente de las aportaciones de sus agremiados.

La iniciativa tiene también como objetivo contribuir a que el país disminuya los altos índices de corrupción en los que se encuentra, pues basta revisar las cifras que recientemente publicó la OCDE, de José Ángel Gurría, donde se coloca a México como el país más corrupto de entre las 35 naciones evaluadas.

Consulte financiamiento público 2017 en http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEPPP/PartidosPoliticosyFinanciamiento/DEPPP-financiamiento/financiamientopublicopartidosnacionales/financiamiento-publico-97-17.pdf

@JTrianaT