Jorge Triana -

Uno de los grandes problemas que tenemos en el país en cuanto al marco normativo es que vivimos bajo un régimen prohibicionista de las libertades individuales, mismas de las que gozamos por el sencillo hecho de ser ciudadanos, los traemos “de fábrica”.

Esta misma semana, discutimos en la Cámara de Diputados reformas a la Ley General de Salud que permiten la objeción de conciencia a médicos y personal de enfermería para excusarse de participar en la prestación del servicio, siempre que no se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica.

Un derecho como la objeción de conciencia es algo que tenemos consagrado en el Artículo 24 de la Constitución Política, por ello, llama la atención que partidos que se autodenominan liberales quieran coartar la libertad de decidir de cada persona.

Por ejemplo, desde 2009 en la Ciudad de México existen dos derechos que cohabitan sin ningún problema: la interrupción del embarazo y la objeción de conciencia de los médicos y personal de salubridad. El resultado: el sistema de salud en la capital sigue su curso, no ha colapsado, ni va a colapsar.

Incluso, la objeción de conciencia rebasa el tema de salud, pues debe alcanzar al sector militar, aspectos tributarios y, como en algunos países, al voto.

Es decir, todos podemos hacer lo que queramos dentro de un marco legal en el que no atentemos contra la vida, la propiedad de otros o en perjuicio de alguien más, el Estado no tiene derecho de controlar la libertad de las personas, pues, viviendo en 2017, es imposible que se quiera legislar para impedir el pleno ejercicio de las libertades individuales.

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