La justicia española dictó ayer prisión provisional para ocho miembros del destituido gobierno de Cataluña, imputados de sedición y rebelión por su papel en la tentativa independentista, desatando manifestaciones de apoyo en la región ibérica.
La misma juez Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, pidió –atendiendo la solicitud de la fiscalía– una orden de captura contra el presidente catalán cesado, Carles Puigdemont, y otros cuatro de sus ministros, que estarían en Bélgica y desatendieron el llamado de la justicia.
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