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Que no se nos olvide. Hay cientos de niños migrantes que no han sido reunidos con sus padres. El gobierno de Estados Unidos los llama “inelegibles para la reunificación”.

¿Qué nombre puede darse a la separación dolosa de 2 mil 551 hijos de sus padres por parte de un Estado, como lo hizo la Unión Americana durante los meses de abril y mayo de este año?

Nadie sabía en el gobierno estadounidense qué se haría después. La orden era separar y eso bastaba. 

Doble falta la del presidente Donald Trump: separar a las familias y no asumir la responsabilidad de su posterior reunificación. Así tuvo que reconocerlo su gobierno cuando un juez federal de San Diego, Dana Sabraw, ordenó la reunificación de estos niños con sus padres, y puso como fecha límite el 26 de julio. 

Obligado, el gobierno reunificó a las familias que pudo, pero entonces se dio cuenta de que era incapaz de reunir a todas. Había cortado, irresponsablemente y quizá para siempre, una relación y cercanía familiar que nadie tiene derecho a vulnerar.

Concluido el plazo establecido por el juez Sabraw, el gobierno estadounidense le informó que no había reunido a más de 559 niñas y niños con sus padres porque a algunos de éstos los había deportado y tendría que localizarlos, que a otros los había liberado de la custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas y no sabía dónde estaban; otros habían renunciado a la reunificación y unos más tenían acusaciones penales.

De acuerdo con organizaciones civiles de derechos humanos y la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU), algunos de los padres fueron forzados a firmar documentos escritos en inglés, en los que solicitaban su deportación voluntaria o renunciaban a la reunificación, al tiempo que eran agredidos verbal y emocionalmente.

Y mientras tanto, cientos de niños y niñas tienen que seguir bajo custodia, abismalmente alejados de sus afectos más cercanos.

Ante las protestas internas y externas, Trump se vio forzado a emitir, el 20 de junio, una orden ejecutiva para que cesara la separación de familias migrantes, pero las secuelas de su disposición anterior siguen vigentes y representan una tragedia para cientos de hogares. 

El derecho a la unidad familiar, que está consagrado en los instrumentos universales y regionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, exige no sólo que los Estados se abstengan de separar a las familias sino también que adopten medidas para mantenerlas unidas y, en su caso, para reunificar a los familiares que se hayan separado.

La deportación o expulsión puede constituir una interferencia al derecho a la unidad familiar, a menos que se justifique de acuerdo con las normas internacionales, lo que no es el caso, como lo demuestra la orden de reunificación de la Corte Federal de San Diego.

Estados Unidos es el único país en el mundo que no ha ratificado la Convención sobre los Derechos de los Niños, como tampoco lo ha hecho con otros instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero ello no lo exime de respetar y proteger el interés superior del niño y el derecho a la unidad familiar.

En todo caso, cabe cuestionar si con cargo a la soberanía de un Estado se puede hacer lo que sea, incluso violar derechos humanos, quizá de forma irreparable, como puede serlo para docenas de padres, madres e hijos que hoy no saben si volverán a verse.

Nadie puede arrogarse el derecho de destruir la unidad familia r, así sea Donald Trump, destructor compulsivo, y ahora también devastador de familias.

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