Un juez federal ordenó a la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República emitir un nuevo pronunciamiento respecto si existe responsabilidad “penal” contra funcionarios que participaron en las diligencias que se realizaron en el Río San Juan, en Cocula, Guerrero, el 28 y 29 de octubre de 2014.
Martín Adolfo Santos Pérez, juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, dejó sin efecto el acuerdo dictado por la visitaduría en diciembre de 2016, donde determinó que siete servidores públicos, entre ellos, el ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, sólo incurrieron en faltas administrativas durante la investigación del Caso Iguala.
La sentencia no modifica la investigación del caso Iguala, sólo deja claro que la Visitaduría no realizó una pesquisa exhaustiva contra los servidores públicos.
Ante esta situación, la PGR interpuso un recurso de revisión que resolverá un tribunal colegiado, quien determinará si confirma, modifica o revoca el fallo del juzgador.
En el juicio de amparo 195/2017, el juez reconoció el interés jurídico de los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
Con información de MILENIO