Durante los primeros siete meses del Gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha buscado recomponer con cierta velocidad el desarrollo económico, político y social del país, a través de combatir la corrupción y reordenar el gasto público.

Sin embargo, el saldo hasta el momento es un riesgo en el sector salud, un aumento en la inseguridad a nivel nacional y una economía transitando hacia un nulo crecimiento.

La reestructura y centralización del gasto público de una manera radical no han permitido que el mismo Gobierno lo vaya ejerciendo en tiempo y forma, lo que ha generado que la propia actividad económica del país se esté viendo perjudicada. Algunos sectores como el de salud están viviendo un momento crítico ante la falta de medicinas y la atención en tiempo y forma al paciente, incluyendo operaciones de urgencia y programadas.

La seguridad se está viendo rebasada a las expectativas que traía el Gobierno. Este último evento en la Ciudad de México y el número de homicidios acumulados a lo largo de 2019 reflejan la necesidad de nuevas y rápidas acciones que el Gobierno deberá de implementar, porque al final también se reflejan en la confianza de inversión a largo plazo por el sector privado.

El hecho de que el Gobierno no aumente la deuda pública y mantenga un superávit primario en este ejercicio 2019 es positivo para darle estabilidad macroeconómica, pero implica de manera directa una afectación al crecimiento económico, generando menores oportunidades de desarrollo y riesgo de pérdidas de empleos.

La estabilidad macro no implica necesariamente una estabilidad de la economía. Tener hoy un tipo de cambio estable y una inflación dentro del objetivo del Banxico se debe “al nivel tan alto de las tasas de interés”, que al final significa un mayor costo financiero para el Gobierno y para la misma sociedad, donde los créditos se mantienen muy caros y los riesgos de morosidad se incrementan.

El estar bajando los salarios y prestaciones al sector público puede tener dos significados. Que efectivamente había un exceso en la estructura pública, pero la forma del recorte que ha llevado a cabo el Gobierno está deteriorando la calidad del servicio en prácticamente todas las secretarías y empresas paraestatales.

Las compras centralizadas, que tienen un objetivo de reducir la corrupción, han afectado en el accionar a instituciones como el IMSS e ISSSTE, entre otros, con una baja productividad.

Este viernes vimos los resultados trimestrales de Pemex y la CFE. Mantienen serias dificultades para retornar a una rentabilidad consistente. La CFE ganó $11,130 millones y Pemex perdió 52,667 millones. En el primer semestre, sin embargo, ambas instituciones acumulan pérdidas. Pemex enfrenta necesidades de pago por servicio de deuda y una urgencia para estabilizar la producción diaria de crudo. La CFE está en arbitraje con empresas del gasoducto que al final distribuirán gas al menos a un tercio del territorio nacional. En ambos casos, la dependencia con el Gobierno y el bajo crecimiento podrían repercutir en ajustes a la baja en las calificaciones crediticias de México y de estas empresas, además de los riesgos adicionales en la ratificación del T-MEC.

En resumen, a pesar de una estabilidad en el tipo de cambio alrededor de los $19.10 en el mercado interbancario y una inflación debajo de 4.0% anual (primera quincena de julio), estamos viendo una rápida desaceleración de la economía mexicana que puede llevar a un ajuste en la calificación crediticia de México y/o de Pemex y generar una salida de flujos de extranjeros, pasando a un segundo término ese gran “spread” que podría ampliarse esta semana cuando la FED baje 25 puntos base la tasa de interés.

Vemos riesgos futuros sobre la recaudación tributaria y un círculo vicioso que afecte aún más el área de salud y la urgente necesidad de recuperar la seguridad de todos los mexicanos.