La pandemia del coronavirus nos ha hecho reflexionar sobre la centralidad del derecho a la salud, para todas y para todos. La crisis ha mostrado las limitaciones de los sistemas de salud en el mundo, así como la fragilidad de la vida humana. En estas condiciones, los gobiernos tendrán que enfrentarse a la difícil decisión de: ¿quiénes serán los ciudadanos a los que darán atención médica y a quiénes no? “El colapso hospitalario” es el eufemismo que esconde una realidad más cruel: ¿a quién se va a atender y a quién se va a dejar morir? Y, todavía más, ¿por qué?

El filósofo inglés, Henry Shue, en su libro Basic Rights, señaló que existen dos derechos básicos: la seguridad y la subsistencia; en este último se incluyen elementos como gozar de aire y agua pura; de alimentación adecuada, de ropa y vivienda, y la salud pública. La idea básica del derecho a la subsistencia, según Shue, es que las personas cuenten con lo necesario para disfrutar de un buen estado de salud y llevar una vida activa.

El derecho a la salud, además, debe considerar la posibilidad de un escenario como en el que estamos. Frente al aumento exponencial de los casos, la escasez de camas, medicinas y respiradores se hace aún más grave. Así, en varios países, los hospitales están saturados y los médicos han tenido que enfrentar decisiones difíciles y ofrecer servicios de salud a los pacientes que tienen más posibilidades de curarse. Estas decisiones se hacen en escenarios de guerra y han sido moralmente controvertidas, pues van en contra del valor incondicionado de cada vida humana.

Las decisiones trágicas omiten la consideración por igual que merecen todas las personas, pues cualquier decisión que se tome sobre la forma en que se utilizan los recursos para satisfacer las necesidades de salud puede hacer que surjan ciudadanos ganadores y ciudadanos perdedores.

Como es de esperarse, los grupos débiles de la sociedad son los que —una y otra vez— ven a los Estados darles la espalda: los adultos mayores, las personas que padecen desnutrición, los ciudadanos que no tienen acceso a un sistema de salud universal, los pobres.

En cuanto al derecho a la seguridad, Shue señala que es la base para comprender los derechos políticos y civiles; se trata de las posibilidades de tránsito, reunión o voto que suelen reforzarse mediante mecanismos legales.

Sin embargo, en escenarios como el de hoy, el derecho a la seguridad de los ciudadanos también está comprometido; las restricciones del derecho a la seguridad se han hecho para garantizar el derecho a la subsistencia.

Así, la pandemia ha puesto en jaque los dos derechos básicos que sugirió Shue como pilar del resto de los derechos humanos. Con ello, la seguridad y la subsistencia de todos los ciudadanos se ha visto comprometida y limitada.

En los próximos días, el fantasma de la bancarrota —económica y política— pasará factura a los gobiernos por su gestión de la pandemia. Como ciudadanos, no dejemos que nos alcance la bancarrota moral y hagamos todo lo posible por protegernos, así como todo lo posible por ayudarnos.