La Secretaría de la Defensa de México inició una investigación a una veintena de militares de la base del ejército en Nuevo Laredo, en el fronterizo estado de Tamaulipas, para evaluar si en un enfrentamiento contra supuestos criminales en el que murieron 12 personas hubo un uso excesivo de la fuerza.

Según indicó el miércoles el general Luis Cresencio Sandoval durante la conferencia de prensa matutina junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, la fiscalía militar realiza una investigación completa de toda la base, entre 22 y 24 elementos, “involucrados en el desarrollo de esa actividad, en esa agresión por parte de la delincuencia” que tuvo lugar en julio, para determinar “si hubo excesos”.

El jefe del ejército no descartó que al haber civiles involucrados el tema pueda ser transferido a la Fiscalía General de la República (FGR).

En un video hecho público el lunes por el diario El Universal se puede observar a militares disparando a presuntos miembros del crimen organizado durante una persecución que conllevó la muerte de 12 civiles, entre los que se encontrarían al menos tres víctimas de secuestro.

Una vez que acaba la balacera y algunos militares se acercan al vehículo de los supuestos agresores, se escucha una voz que insta a matar a una de las personas que iba en la camioneta y que, aparentemente, seguía con vida.

El suceso ocurrió el 3 de julio en una de las ciudades fronterizas con Texas más azotadas por el crimen organizado y que es feudo del Cartel del Noreste, descendiente de los antiguos Zetas.

Cuatro días después cuando Raúl Tercero, padre de una de las víctimas civiles, acudió a recoger el cadáver de su hijo de 18 años pidió ayuda económica a los soldados porque no tenía dinero para el entierro. Un soldado le dio un billete de 20 pesos (menos de un dólar) enrollado que adentro tenía una memoria USB con el video, según puede leerse en la denuncia presentada por el hombre el 7 de agosto ante la FGR, cuando entregó la grabación a las autoridades.

Según Tercero, el soldado le dijo que le daba el video porque “él no estaba de acuerdo con lo que habían hecho sus compañeros”.

De acuerdo a los documentos presentados a las autoridades por la ONG que representa a las víctimas, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, otro de los fallecidos era un estudiante de Ingeniería de 19 años que había sido reportado como desaparecido por su familia el 27 de junio.

“Los tres civiles que no portaban armas de fuego ni vestimenta militar resultaron negativos en las pruebas de rodizonato; presentaban heridas de arma de fuego disparadas a corta distancia, según dictaminaron médicos legistas en los certificados de defunción”, indicó la ONG en un comunicado. Al menos dos de ellos estaban atados, según las familias.

El lunes, cuando el video fue divulgado por “El Universal”, el presidente encargó que se investigara el caso. “Nosotros no vamos a permitir esas prácticas”, dijo. “Eso se hacía antes, había la consigna de rematar a los heridos en enfrentamientos, por eso había tasas de letalidad elevadísimas”.

Al día siguiente la oficina de la ONU para los Derechos Humanos en México pidió una investigación “conforme a los más altos estándares internacionales” y calificó las imágenes del video de ”preocupantes” y que “reflejan conductas que pueden constituir uso excesivo de la fuerza letal y otras violaciones de derechos humanos”.

“Estos hechos evidencian la importancia de que el despliegue de las fuerzas armadas ocurra en forma extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, agregó en un comunicado.

Las denuncias por abuso de la fuerza de militares o policías en enfrentamientos con los carteles se han sucedido en los últimos años, sobre todo en Nuevo Laredo, una ciudad sobre la que a principios de año el consulado de Estados Unidos alertó debido a los constantes tiroteos y a la impunidad con la que actuaban los miembros del crimen organizado.

En 2018, la Marina reconoció haber disparado desde un helicóptero, evento en el que murieron tres miembros de una familia que iban en un coche por una de las calles de esa localidad.

En 2019, un juez ordenó la captura de siete policías estatales de Tamaulipas por la presunta ejecución extrajudicial de ocho personas también en Nuevo Laredo. Según los testimonios recabados por el Comité de Derechos Humanos de la ciudad, los fallecidos habían sido llevados a una casa por los agentes quienes les habrían disparado después de vestirles con uniformes y ponerles armas al lado para que pareciera que hubo un enfrentamiento.

Con información de AP