No cabe duda que la intención de toda esta novela de Emilio Lozoya, está encaminada a buscar el voto en 2021 a favor de Morena en el congreso, hoy partido dominante y que el Gobierno federal necesita mantener dicho dominio para dar continuidad a los cambios constitucionales si se requirieran.
Lo que no podemos entender y aceptar es que el Gobierno se “deslinde” de su gran responsabilidad que es conducir un país con un crecimiento económico sostenido, una creación de empleos que permita sumar cada año a todo aquel estudiante que haya concluido sus estudios, que mantenga una infraestructura e inversión continua en el tema de salud, con la idea de contar con hospitales suficientes, bien equipados y abastecidos de medicamentos y con médicos mexicanos. En la medida de tener empleos suficientes y un sector salud fortalecido, seguramente la inseguridad se iría acotando, además de robustecer a militares, marinos y policía.
Pero dejar a un lado todo esto y enfocar los esfuerzos en el tema político desgasta y el resultado efectivo será mínimo. El riesgo es que lo que no pega, fortalece y hoy la oposición en suma, tiene gran posibilidad de dominar el próximo congreso.
Pero no debemos dejar a un lado que la economía perdió 1.1 millones de empleos formales entre marzo y julio pasado más los millones de empleos informales, que llevamos 16 meses consecutivos con un registro negativo de inversión fija bruta que alcanza una caída anual de 38% a mayo, un consumo privado con caída de 23.5% anual y la persistencia de un alejamiento entre el Gobierno federal y los empresarios, entre otros puntos.
Mal y de malas… Alejan inversión minera
Debido a la falta de certeza jurídica, está en riesgo una gran inversión minera, se trata del municipio de Miguel Auza, en Zacatecas, de Alejandro Tello, pues el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Torreón, determinó una multa que asciende a los 23 millones de dólares en contra de la firma San Pedro Resources, misma que podría acabar con la fuente de empleo de cientos de familias dedicadas a esta actividad.
El asunto viene desde 2006 cuando esta empresa firmó un contrato con el dueño de la concesión minera de “La Antigua”, en donde a éste se le pagarían 2 mil 500 dólares mensualmente o una regalía de 3% de la venta de los minerales extraídos y comercializados, todo ello, sujeto a un acuerdo de exploración y explotación; situación que nunca fue posible debido a adversidades climatológicas. Sin embargo, el particular demandó, expediente 320/2014.
De no revertir esta situación, San Pedro Resources , todos sus colaboradores y contratistas deberán hacer maletas y retirar del país su millonaria inversión. Sin duda, una llamada de atención al poder judicial, que a nivel federal lleva el Consejo de la Judicatura, que preside Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, así como a losjueces que han intervenido en este proceso, pues México no se puede dar el lujo de mandar otra señal de falta de certeza jurídica al mercado internacional.