Tras presentar documentos apócrifos y ser inhabilitada por tres años para participar en los procesos de contratación de Zapopan, Inntec Medios de Pago concursa en el Consejo Municipal del Deporte (Comude) del municipio para convertirse en la emisora de los vales de despensa para los trabajadores.

Fue el 29 de octubre pasado cuando la empresa de Héctor Anaya se presentó al procedimiento LPN-029-2020 con la propuesta más barata por 799 mil 200 pesos. Sin embargo, siete meses antes, la Contraloría Ciudadana dio a conocer la sanción, luego de encontrar faltas graves en la documentación entregada para la adquisición de los vales de despensa 2020 para el personal del ayuntamiento, a cargo de Jesús Pablo Lemus.

Tal como se lee en el expediente IOC/0003/AG/2020, el 6 de marzo de este año la Contraloría hizo pública la resolución en la que relata que al acudir a la licitación con número 201902432, Inntec Medios de Pago entregó dos cartas de recomendación falsas para cumplir con las cinco que le solicitaban.

La primera de ellas supuestamente había sido emitida por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Jalisco, pero su director General, Braulio Vázquez Martínez, informó que le habían expedido una pero con fecha de 2017, sumado a que una serie de irregularidades los habrían llevado a iniciar indagaciones por la presunta defraudación de unos 200 trabajadores por un monto aproximado de 260 mil pesos.

En el caso del Instituto Estatal de Educación para Adultos de Colima desconocieron totalmente la carta, e incluso aludieron a que la firma ahí plasmada podría ser escaneada, por lo que el jefe de departamento del área de administración, Francisco Montes Fuentes recomendó su cotejo.

Finalmente, Inntec Medios de Pago trató de desconocer por completo “la calidad que se le atribuye a los documentos de antecedentes y no reconoce como propias las conductas que se le pretenden imputar a la misma”, aunque la autoridad determinó que sí cometió la falta al contravenir los principios de legalidad, honestidad e integridad, establecidos en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios.

La compañía de Héctor Anaya también fue denunciada ante la Fiscalía estatal por el Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Civil de Guadalajara, por sospechas de defraudar a dos mil empleados aproximadamente.