Un juez decretó el lunes la suspensión provisional de una ley aprobada en abril que permite al gobierno de México incautar gasolineras o terminales privadas en caso de “peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía” y dárselas a la petrolera estatal Pemex para que las opere.

El fallo supone el último revés jurídico para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya ha tenido fricciones con el poder judicial y con agencias reguladoras por iniciativas que, según muchos críticos, violan la Constitución.

Se espera que el gobierno recurra a la suspensión.