El procurador Fiscal de la Federación Carlos Romero Aranda fue quien acudió a la ante las autoridades para iniciar los procedimientos contra los científicos del Conacyt y el empresario Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, a pesar que esta atribución le corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). 

Fue Romero Aranda quien, de acuerdo al oficio 529-I-001/21, señaló al empresario y su esposa el pasado 17 de enero del presente año. Actualmente, ambos personajes son buscados por la presunta comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero. 
Asimismo, los miembros del Foro Consultivo del Conacyt fueron acusados por recibir más de 200 millones de pesos para gastos operativos y actividades, en este mismo esquema de denuncia, por lo que se pide sean indagados por el mismo delito, así como por delincuencia organizada.

El conducto para realizar una denuncia por lavado de dinero dentro del sistema financiero mexicano es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, tal como se establece en el Reglamento Interno de la dependencia.

La querella contra Álvarez Puga y Gómez Mont fue interpuesta en enero de este año con el apoyo del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Al igual que la anterior, ingresada dos meses atrás, no se contó con intervención de la UIF y no se brindó previo aviso.

Con el fin de agilizar las diligencias, Carlos Romero Aranda firmó en suplencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el subsecretario de Ingresos, el subsecretario de Egresos y del Oficial Mayor, tras aludir que no se presentaron a laborar. 

Así, se dejó de lado a Santiago Nieto, titular de la UIF, además de otros funcionarios que ostentan facultades para bloquear cuentas e interponer denuncias por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Ante estos factores y al tomar a consideración que la FGR no se contactó con personal de la UIF para perfeccionar las querellas, expertos en el ramo penal consideraron que existe posibilidad de que un amparo detenga la orden para aprehender a Víctor Álvarez Puga, a Inés Gómez Mont y al grupo de 31 científicos.

Entre sus argumentos añadieron que el actuar de Romero Aranda y Gertz Manero resulta violatorio de la normatividad interna que rige a la SHCP y diversos compromisos internacionales asumidos por el país, entre ellos, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que otorga facultades exclusivas en materia de lavado de dinero a la UIF.